Corte Constitucional enfrenta plazo crucial para emergencia en Córdoba
La Corte Constitucional de Colombia se encuentra ante un desafío judicial de gran envergadura, con un plazo aproximado de 31 días hábiles para revisar y determinar si suspende o no el Decreto 0150 de 2026, que declara un estado de emergencia económica en el departamento de Córdoba. Esta decisión se produce en el contexto de los severos daños causados por el fuerte invierno y fenómenos naturales recientes, que han resultado en desbordamientos de ríos e inundaciones significativas.
Plazos y procedimientos en la revisión constitucional
De acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2067 de 1991, el alto tribunal tiene un plazo de alrededor de 35 días hábiles para emitir una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los decretos de emergencia. Sin embargo, Andrés Felipe Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, explica que en la práctica estos términos no siempre se cumplen estrictamente, debido a la necesidad de un análisis minucioso por parte de la Corte.
"La eventual decisión de suspender o no provisionalmente el decreto se adopta dentro de los plazos establecidos y representa una medida cautelar que se dispone antes de dictar sentencia. En términos generales, se anticipa que una resolución sobre una posible suspensión podría tomarse en marzo, mientras que la sentencia definitiva se conocería hacia junio o julio", detalló Velásquez.
Diferencias clave con el caso anterior del Decreto 1390
Este nuevo escenario presenta elementos fácticos distintos en comparación con el Decreto 1390 de 2025, que fue suspendido previamente por la Corte Constitucional. En aquel caso, el tribunal determinó que no existían fundamentos suficientes de imprevisibilidad para justificar la emergencia. En contraste, la situación actual en Córdoba incluye hechos imprevisibles relacionados directamente con desastres naturales, lo que podría influir en la decisión final.
"Es posible que la Corte avale la constitucionalidad del Decreto 0150, dado el contexto de los fenómenos climáticos. No obstante, el tribunal deberá examinar meticulosamente todos los requisitos legales para declarar un estado de excepción y evaluar las pruebas presentadas por el Gobierno para determinar si existieron razones suficientes", afirmó el abogado.
Revisión de decretos legislativos y el impuesto al patrimonio
Además del decreto principal, la Corte Constitucional también está obligada a revisar la constitucionalidad de los decretos legislativos emitidos en desarrollo del Decreto 0150. Un ejemplo destacado es el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, que establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones constitucionales.
Este proceso de revisión integral asegura que cada medida adoptada en el marco de la emergencia económica cumpla con los estándares legales y constitucionales, protegiendo así los derechos de los ciudadanos y las instituciones afectadas por la crisis en Córdoba.
