Corte Constitucional acepta impedimento de magistrado Ibáñez en demanda contra reforma pensional
La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien solicitó apartarse del estudio de la demanda contra la reforma pensional, conocida como Ley 2381 de 2024. Esta decisión reconfigura completamente el panorama jurídico del expediente identificado como D-15989, trasladando la responsabilidad del caso a la magistrada Paola Meneses, luego de la polémica generada por la recusación presentada por el Gobierno Nacional.
La recusación del Gobierno y la respuesta de Ibáñez
La recusación fue radicada formalmente por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, quien cuestionó severamente la imparcialidad del magistrado Ibáñez tras sus declaraciones públicas al diario El Tiempo. Según el Ejecutivo, el magistrado habría vulnerado la reserva judicial y comprometido su objetividad al referirse públicamente a presuntos vicios de trámite ocurridos durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio en el Congreso, donde se discutió intensamente la reforma pensional.
El Gobierno solicitó de manera enfática que la Sala Plena resolviera primero la recusación antes de avanzar en el estudio de fondo del expediente, argumentando que las opiniones expresadas por el togado afectaban directamente la legitimidad y transparencia del proceso constitucional.
En su defensa, presentada ante sus colegas magistrados, Ibáñez sostuvo firmemente que su entrevista no reveló información confidencial o reservada, sino que simplemente respondió a una situación ya ampliamente conocida por el público: la filtración masiva de su ponencia, que proponía tumbar la reforma, y el empate en la votación que obligó a designar un conjuez para dirimir el caso.
Contexto de presión mediática y decisiones institucionales
El magistrado aseguró que su intervención en los medios de comunicación se dio en su calidad de presidente de la Corte Constitucional y que no buscó anticipar criterio alguno, sino aclarar un contexto que ya había sido divulgado extensamente por terceros. Además, advirtió con preocupación que la exposición mediática del caso generó un ambiente de presión externa significativa sobre el tribunal, afectando su independencia y autonomía.
Aunque defendió con vehemencia la legalidad y corrección de su actuación, Ibáñez reconoció que su decisión de apartarse también buscó evitar posibles sanciones disciplinarias y nuevos conflictos institucionales que pudieran dañar aún más la imagen y credibilidad de la Corte. Recordó que previamente la Sala Plena lo había separado del debate sobre la emergencia económica bajo argumentos similares derivados de la misma entrevista, lo que sentó un precedente adverso para su posición.
En su escrito detallado, señaló que en circunstancias normales no habría presentado el impedimento, pero que la extrema sensibilidad del caso y los malestares generados tanto dentro como fuera de la Corte lo llevaron a tomar esta decisión estratégica, priorizando la estabilidad institucional sobre consideraciones personales.
Nueva responsable del expediente y futuro de la reforma
Tras la aceptación formal del impedimento, el expediente D-15989 fue asignado, por orden alfabético y estrictamente conforme al reglamento interno de la Corte, al despacho de la magistrada Paola Meneses. Ella asumirá ahora la compleja tarea de estudiar la constitucionalidad del nuevo sistema de protección social integral para la vejez, la invalidez y la muerte, en medio de una atención pública y política intensa sobre el alto tribunal.
Este cambio ocurre en un momento crucial, donde el futuro de la reforma pensional depende en gran medida de las decisiones judiciales que se tomen en los próximos meses. La magistrada Meneses enfrentará el desafío de analizar minuciosamente los argumentos legales presentados, manteniendo la imparcialidad y rigor que caracterizan a la Corte Constitucional, mientras el país observa atentamente cada desarrollo en este proceso de alto impacto social y económico.
