La Contraloría General de la República emitió una severa advertencia a la Superintendencia de Salud del gobierno de Gustavo Petro debido al crítico estado de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que han sido intervenidas. Según el ente de control, las EPS Coosalud, Famisanar, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y SOS presentan incumplimientos significativos en sus indicadores financieros y jurídicos, lo que pone en riesgo su sostenibilidad y afecta la prestación del servicio de salud a los colombianos.
Falta de mejoras estructurales
El contralor general señaló que, bajo la administración de la Superintendencia de Salud, estas EPS no han logrado una mejora estructural en sus indicadores y mantienen condiciones críticas que reflejan un deterioro en su situación. La advertencia se produce en medio de la toma de posesión forzosa de varias EPS por parte del gobierno, una medida que buscaba corregir las deficiencias en la prestación del servicio.
Riesgos sobre la sostenibilidad
El órgano de control evidenció que los incumplimientos en los indicadores financieros y jurídicos han generado riesgos sobre la sostenibilidad de estas entidades. Esto implica que los afiliados podrían ver afectada la continuidad y calidad de los servicios de salud que reciben. La Contraloría hizo un llamado urgente a la Superintendencia para que tome medidas correctivas de manera inmediata.
Nueva EPS sin estados financieros certificados
Además, la Contraloría destacó que la Nueva EPS, la entidad con el mayor número de usuarios en el país, no cuenta con estados financieros certificados. Esta situación limita la validación de su información financiera y genera incertidumbre sobre su verdadera situación económica. El ente de control advirtió que esta falta de transparencia podría ocultar problemas financieros que afecten a millones de afiliados.
La advertencia de la Contraloría pone de manifiesto la grave crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano, especialmente en lo que respecta a la gestión de las EPS intervenidas. Se espera que la Superintendencia de Salud responda a estos señalamientos y adopte las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera y la calidad del servicio.
