El Consejo de Estado frenó parcialmente una resolución del Gobierno que había suspendido órdenes de captura contra miembros de estructuras armadas de crimen de alto impacto. La decisión se tomó al concluir que la medida ignoró condiciones fijadas por la Corte Constitucional para su aplicación en el marco de la Ley de Paz Total.
Detalles de la decisión judicial
La determinación se produjo dentro de una demanda de nulidad simple contra ese acto administrativo. El tribunal ordenó reactivar siete órdenes de captura que permanecían suspendidas. Las otras 16 incluidas en la demanda ya habían sido levantadas previamente por la propia Fiscalía.
El Consejo de Estado determinó que la resolución incumplió los parámetros de la Sentencia C-525 de 2023, que condicionó la exequibilidad del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022. Según esa providencia, la motivación gubernamental para suspender capturas debía ir acompañada de un análisis de la Fiscalía sobre la idoneidad de la medida en cada caso particular, verificación que el acto administrativo demandado no contenía.
Exigencias legales incumplidas
Para el Consejo de Estado, la suspensión no podía ser discrecional ni aplicarse de forma generalizada. Exigía evaluar la suficiencia de la justificación administrativa, la necesidad de la medida para cumplir los fines legales y la comprobación de que cada solicitud se encuadraba dentro del marco normativo de los acercamientos de paz.
Con fuertes calificativos y hasta exigiéndole que cumpla la ley, el gobierno del presidente Gustavo Petro arremetió contra la Fiscalía por frenar la suspensión de órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo. La Fiscalía no suspenderá las órdenes de captura contra ‘Chiquito Malo’ y otros 28 cabecillas del Clan del Golfo, según informó la entidad.
La decisión tomada por la Fiscal Luz Adriana Camargo no cayó para nada bien en la Casa de Nariño. Se convocó a una reunión de emergencia para definir el futuro de los diálogos de paz con ese grupo armado y en la cual se tomaron varias decisiones. Petro exigió a la Fiscal que “Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente” porque es quien ordena la política de paz de Colombia.
