Justicia confirma contumacia de Luis Fernando Acosta Osio en caso Unimetro por maniobras dilatorias
El Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá dejó en firme la declaratoria de contumacia contra Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, tras concluir que durante casi dos años se registraron conductas orientadas a impedir la realización de la audiencia de imputación por tráfico de influencias y cohecho.
Aplazamientos reiterados desde 2024
Según el expediente, entre mayo de 2024 y enero de 2026 la Fiscalía intentó sin éxito instalar la imputación en múltiples fechas. Hubo audiencias fallidas por ausencias simultáneas del indiciado y su abogado, solicitudes de aplazamiento por otros compromisos y cambios de agenda, además de fallos de conexión en diligencias virtuales.
El juzgado también examinó la incapacidad médica presentada el 20 de enero de 2026, que describía una hospitalización por enfermedades crónicas pero no explicaba por qué ese estado impedía la participación, incluso remota, en la audiencia. La juez concluyó que el documento no demostraba relación entre la diligencia judicial y un riesgo real para la salud.
El fallo advierte que las patologías descritas —crónicas y con episodios de "altibajos"— no pueden usarse para suspender indefinidamente un proceso penal. Señala, además, que la incapacidad no expuso argumentos clínicos que demostraran la imposibilidad de asistir a la diligencia, y que la hospitalización, por sí sola, no justificaba la ausencia en una audiencia virtual bajo supervisión médica.
Conducta procesal catalogada como renuente
El despacho destacó que la defensa contaba con abogada suplente, circunstancia que hacía injustificables varios aplazamientos por agenda. La acumulación de fallas, solicitudes de cambio de fecha y una incapacidad sin soporte suficiente llevaron a la juez a concluir que existe un patrón de renuencia frente a la administración de justicia, presupuesto que activa la figura de contumacia prevista en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal.
Según la providencia, no está en discusión que Acosta Osio conocía oportunamente las citaciones, pues incluso llegó a conectarse a algunas diligencias que luego no se pudieron instalar.
La defensa también alegó falta de competencia del fiscal delegado. Sin embargo, el juzgado recordó que existe una asignación especial vigente, otorgada mediante la Resolución 0292 del 1.° de octubre de 2025, que ordena que el funcionario continúe con el caso hasta su culminación. Ninguna resolución posterior derogó esa designación.
El caso Unimetro
El proceso hace parte del llamado caso Unimetro, una disputa prolongada por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, cuyo trasfondo combina conflictos administrativos, decisiones internas cuestionadas y litigios penales que han escalado al plano nacional. En el centro del expediente está la manera en que distintos actores habrían intentado influir en procedimientos judiciales y administrativos para favorecer a determinados sectores dentro de la institución.
Según la Fiscalía y las decisiones judiciales relacionadas, Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo, es investigado por su presunta participación en gestiones dirigidas a asegurar el control de la universidad. Dentro de ese mismo entramado, el exsenador Eduardo Pulgar fue condenado por intentar manipular a funcionarios judiciales, un episodio que convirtió la pugna interna de la institución en un caso emblemático sobre prácticas indebidas en la interacción entre política, justicia y educación superior.
El expediente que ahora avanza corresponde precisamente a esos hechos, en el que la Fiscalía le imputa a Acosta Osio tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer, cargos vinculados a actuaciones que habrían tenido lugar en Barranquilla y Bogotá durante la disputa por la dirección universitaria. La justicia busca establecer si existieron gestiones indebidas encaminadas a alterar decisiones que afectaban directamente la administración y el control de la Unimetro.
Durante casi dos años, la audiencia para comunicarle formalmente esos cargos no pudo realizarse debido a una cadena de aplazamientos promovidos por la defensa y por incapacidades médicas que no lograron convencer al despacho.
Con la confirmación de la contumacia, la justicia despeja el bloqueo procesal que impedía iniciar la etapa formal de imputación y da paso a un avance sustancial en un caso que ha marcado el rumbo reciente de la universidad y que sigue siendo objeto de atención por la forma en que se han cruzado intereses académicos, económicos y judiciales.
