La Academia Nacional de Medicina ha emitido un pronunciamiento sobre el proyecto de ley que busca erradicar el acoso en las residencias médicas. Si bien reconoce que el objetivo es correcto, advierte que el texto presenta vacíos que podrían generar consecuencias no previstas.
Falsas denuncias, un punto crítico
Uno de los aspectos más cuestionados es la falta de regulación ante denuncias falsas. El proyecto define más de veinte conductas que constituyen acoso, pero no establece mecanismos ni sanciones para quienes acusen sin fundamento o incurran en injuria o calumnia contra un docente o compañero.
Prevención sin el mismo peso que las sanciones
La Academia señala que el proyecto contiene medidas punitivas sin un desarrollo apropiado de acciones preventivas. La ley detalla sanciones estrictas: multas de hasta diez salarios mínimos para decanos, directores de hospital o profesores por cada evento, suspensión de hasta dos años e inhabilitación de hasta diez años para ejercer en instituciones educativas. Las universidades y hospitales enfrentan multas de hasta mil salarios mínimos, y los directivos están obligados a denunciar ante la Fiscalía cualquier conducta que pueda ser delito, independientemente de su criterio.
Frente a este aparato sancionatorio, la prevención no tiene el mismo desarrollo. El texto la menciona en su artículo primero e incluye disposiciones sobre capacitación y salud mental, pero esas medidas carecen del peso de las sanciones.
Deberes de los residentes, enunciados de manera general
Otro vacío identificado es la falta de claridad sobre los deberes de los residentes. El proyecto define con precisión sus derechos: salario de al menos tres salarios mínimos, prestaciones sociales, vacaciones remuneradas y jornada máxima de doce horas diarias y sesenta semanales. Los deberes, en cambio, quedan enunciados de manera general.
Residencia médica como relación laboral
La academia también alerta sobre un cambio estructural: el proyecto convierte la residencia médica en una relación laboral. El artículo cuarto define el vínculo como un contrato laboral especial regido por el Código Sustantivo del Trabajo, y establece que la autonomía universitaria no puede usarse para no aplicar la ley.
Para la Academia de Medicina, un residente es ante todo un profesional en formación, no un trabajador ordinario. Trasladar la supervisión de la calidad educativa hacia el cumplimiento de normas laborales puede afectar el modelo de docencia y servicio que sostiene la formación médica especializada.
Origen del proyecto
La propuesta nació tras la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de cirugía general de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio, víctima de acoso y jornadas extenuantes. Su caso visibilizó una problemática que afecta a miles de residentes en Colombia. La iniciativa también recuerda a Johan Sebastián Castellanos, estudiante de medicina de la Universidad de los Andes, cuyo fallecimiento reavivó el debate sobre la presión en la formación médica.
El proyecto está impulsado por los representantes Héctor David Chaparro (Partido Liberal), María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), Germán Rozo (Curules de Paz) y Juan Camilo Londoño (Partido Conservador).
Tramite legislativo
Fue aprobado en primer debate el 1 de abril de 2025 y en segundo debate el 4 de septiembre del mismo año. Ahora avanza en el Senado, donde la Academia Nacional de Medicina pide que se ajuste antes de convertirse en ley.
