Condena histórica por magnicidio político en Colombia
El sistema judicial colombiano ha dictado una sentencia de 21 años de prisión contra Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida en el bajo mundo con el alias de Gabriela, tras confirmarse su participación directa en el magnicidio del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión judicial fue adoptada por la jueza primera especializada de Bogotá, quien avaló un preacuerdo en el que la procesada reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.
Papel clave en la logística del atentado
De acuerdo con la investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la Nación, la mujer desempeñó un papel fundamental en la logística del ataque criminal ocurrido el 5 de julio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, al occidente de la capital colombiana. Según el expediente judicial, Martínez fue la persona encargada de entregar el arma de fuego al menor de edad que finalmente disparó contra el dirigente político mientras este intervenía en un acto público de campaña.
Las autoridades judiciales han establecido que su participación no fue circunstancial, sino que formó parte activa de una estructura criminal organizada que venía recopilando información detallada sobre los movimientos y agenda del congresista. En una declaración reveladora ante una fiscal de la Unidad de Vida, difundida en exclusiva por la revista Semana, la joven relató cómo fue contactada inicialmente por un hombre identificado con el alias del Viejo.
Detalles escalofriantes del plan criminal
Según su testimonio judicial, este sujeto le dio instrucciones precisas para conseguir un arma y ubicar a un menor de edad que ejecutaría lo que denominaron "un trabajo". La procesada declaró textualmente: "Si la persona moría, le iban a dar 10 millones de pesos; de lo contrario, le pagarían 600 o 700 mil pesos", revelando así los incentivos económicos establecidos para el crimen.
El material probatorio reunido por las autoridades incluyó:
- Videos de cámaras de seguridad del sector
- Peritazgos técnicos balísticos y forenses
- Testimonios de testigos protegidos
- Análisis de comunicaciones interceptadas
Esta evidencia permitió establecer que alias Gabriela acompañó personalmente al menor en las inmediaciones del parque y le suministró información específica sobre el objetivo del ataque. Las imágenes de videovigilancia la ubican en el sector hasta el momento exacto en que se perpetró el atentado contra la vida del senador.
Estructura criminal y escape fallido
Las investigaciones también determinaron que Martínez integraba un grupo delincuencial conocido como "Plata o Plomo", desde donde se coordinó meticulosamente la recolección de datos y todos los aspectos logísticos necesarios para ejecutar la acción criminal. Tras el atentado, según declaraciones de la propia condenada, uno de los cabecillas de la organización, apodado el Costeño, le recomendó salir urgentemente de Bogotá y trasladarse a los Llanos Orientales.
Allí, según el plan criminal, debía realizar un curso especializado de drones y de francotirador con disidencias de grupos armados ilegales. Sin embargo, su huida fue interrumpida cuando fue capturada en Florencia, Caquetá, justo cuando se disponía a viajar a otro destino sugerido por miembros de la estructura criminal.
Temor y peticiones judiciales
En varias intervenciones durante el proceso judicial, la condenada manifestó temor genuino por su integridad física y aseguró que el hombre conocido como el Viejo "es un señor muy poderoso" dentro del mundo criminal colombiano. Durante la audiencia en la que se oficializó el preacuerdo, los sujetos procesales solicitaron expresamente que no se le concedan beneficios penitenciarios como prisión domiciliaria o libertad condicional, petición que quedó consignada formalmente en la diligencia judicial.
Esta sentencia marca un hito importante en la lucha contra la violencia política en Colombia, demostrando la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar crímenes de alta complejidad que afectan la democracia y la seguridad nacional.
