Condenan a 16 años y medio de prisión por ataque sexual en zona rural de Santander
Un juez de conocimiento del departamento de Santander ha dictado una sentencia condenatoria de 16 años y 6 meses de prisión en contra de Andrés Suárez Coy, tras hallarlo responsable de los delitos cometidos durante una incursión violenta en zona rural del municipio de Puente Nacional.
Base probatoria de la Fiscalía
El fallo judicial se sustenta en el acervo probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, que demostró la culpabilidad del procesado en un ataque sexual perpetrado el 25 de julio de 2023. Según el expediente, Suárez Coy, en compañía de un cómplice identificado como Yimmi Salcedo Ulloa Castillo, ingresó mediante el uso de la fuerza a una vivienda particular.
En el lugar, los sujetos sometieron a una mujer de 48 años a múltiples vejámenes. El ente acusador logró acreditar durante el juicio que la conducta de los agresores no solo vulneró la integridad física de la víctima, sino que derivó en secuelas psicológicas de carácter permanente, factores que fueron valorados por el despacho para la tasación de la pena.
Detención en flagrancia y evidencia clave
El operativo que permitió la detención de los implicados se produjo en flagrancia, gracias a que la víctima logró emitir señales de auxilio mientras los agresores aún permanecían dentro del inmueble. La rápida intervención de las unidades policiales facilitó la recolección de evidencia técnica y testimonial desde el primer momento.
Estos elementos resultaron fundamentales para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados durante las etapas del juicio oral. La recopilación inmediata de pruebas fortaleció el caso presentado por la Fiscalía, asegurando una base sólida para la condena.
Cierre del proceso judicial y antecedentes
Con esta decisión individualizada para Suárez Coy, se completa el ciclo judicial de este caso. Su coautor, Yimmi Salcedo Ulloa Castillo, ya había recibido una sentencia condenatoria en octubre de 2024 por los mismos hechos.
Ambos sujetos deberán cumplir su pena en un centro carcelario, luego de que el juez determinara que no proceden beneficios de casa por cárcel dada la gravedad de la conducta punible y el riesgo que representan para la sociedad. La sentencia refleja la severidad con que el sistema judicial aborda estos delitos, priorizando la protección de las víctimas y la seguridad comunitaria.
