Paloma Valencia expone presuntos beneficios del gobierno a grupos criminales
La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, reveló información confidencial obtenida de la Oficina del Comisionado de Paz que evidenciaría los supuestos beneficios otorgados por el gobierno de Gustavo Petro a grupos armados ilegales durante las negociaciones en el marco de la política de 'Paz Total'.
Detalles de las revelaciones sobre ceses al fuego
Según los documentos a los que tuvo acceso Valencia, el gobierno habría implementado un cese al fuego bilateral que redujo significativamente las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para combatir a los grupos guerrilleros. Expertos y funcionarios del ejecutivo coinciden en que esta decisión permitió que los delincuentes se fortalecieran y expandieran su control territorial.
La senadora detalló casos específicos:
- Las disidencias de las FARC comandadas por alias 'Calarcá' disfrutaron de un cese al fuego que se extendió por 733 días consecutivos
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvo este beneficio durante 538 días
- La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como disidencia de la Segunda Marquetalia, tuvo cese al fuego por 195 días
- El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, mantuvo el beneficio por 180 días
- Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada también disfrutaron de 180 días de cese al fuego
Consecuencias territoriales y operativas
Valencia afirmó que durante los 733 días de cese al fuego otorgado a las disidencias de Calarcá, este grupo armado operó con impunidad en regiones de Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta, donde ejerció control mediante extorsiones, asesinatos y secuestros. "El gobierno Petro dejó de combatir a las disidencias de Calarcá por dos años completos. Bajo la figura del cese al fuego de la Paz Total, durante 733 días, Calarcá hizo lo que quiso con la aquiescencia del Gobierno" sostuvo la senadora.
La candidata presidencial añadió que esta situación explica por qué Colombia registra actualmente las peores cifras en dos décadas en materia de secuestros, extorsión y actividades terroristas.
Protección gubernamental a representantes armados
Uno de los aspectos más controvertidos revelados por Valencia es la designación de 108 voceros y representantes oficiales de grupos armados, quienes habrían recibido protección especial del gobierno. "El Gobierno designó 108 voceros/representantes de grupos armados para que no los pudieran tocar, inclusive si se levantaba el cese al fuego contra la organización. Acá estuvo incluido Calarcá, quien mantendría ese estatus a la fecha" explicó la senadora.
Esta protección especial se mantendría vigente incluso después de que se suspendieran formalmente las conversaciones de paz, como ocurrió con el ELN el año pasado tras los enfrentamientos armados con las disidencias de Calarcá en la región del Catatumbo.
Contexto de seguridad nacional
Los grupos mencionados por Valencia -ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo- representan actualmente las principales amenazas armadas en el territorio colombiano. Estados Unidos ha advertido recientemente que estos grupos constituyen un "riesgo tangible" para la estabilidad regional, especialmente por su capacidad de infiltración en instituciones estatales como el Ministerio de Defensa y organismos de inteligencia.
Pese a las evidencias presentadas sobre la continuidad de actividades delictivas por parte de estos grupos, el gobierno nacional ha insistido en mantener las negociaciones como parte de su política de 'Paz Total', generando controversia entre sectores políticos y analistas de seguridad.
