El rol presidencial en cuestión: entre el mandato constitucional y la agitación política
La Constitución colombiana establece de manera clara y contundente que el presidente de la República tiene la obligación fundamental de garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento estricto de la Carta Magna y las leyes vigentes. Sin embargo, en la práctica actual, este mandato constitucional parece haberse desdibujado frente a un ejercicio de poder que prioriza la confrontación sobre la gobernabilidad.
De comandante supremo a crítico externo
Como comandante supremo de las Fuerzas Militares, el presidente carga con la responsabilidad directa sobre lo que ocurre dentro de esta institución. El trágico accidente aéreo que cobró la vida de 79 soldados del Ejército puso en evidencia esta responsabilidad, especialmente cuando el mismo mandatario reconoció que la causa radicaba en el estado de la aeronave utilizada.
La aeronave en cuestión, descrita como "chatarra de 40 años", había sido utilizada regularmente para transporte de tropas durante los tres años y medio de gobierno actual, sin que esto generara preocupación presidencial suficiente. Paradójicamente, mientras esta situación persistía, la atención se centraba en la adquisición de aviones de guerra que permanecen sin uso operativo.
En lugar de asumir la responsabilidad correspondiente a su cargo, el presidente optó por actuar como jefe de la oposición, culpando a los donantes extranjeros de la aeronave y a las propias Fuerzas Militares por su utilización. Este patrón de conducta se ha repetido en múltiples escenarios de su administración.
La oposición sistemática a las instituciones del Estado
El fenómeno de oposición presidencial no se limita a su propio gobierno, sino que se extiende hacia las instituciones del Estado que debería liderar. El poder electoral, reconocido como una de las pocas instituciones que funcionan adecuadamente en el país, ha sido objeto de ataques públicos que cuestionan su integridad, a pesar de que este mismo sistema garantizó su elección presidencial y los triunfos legislativos de sus fuerzas políticas.
Las otras ramas del poder público tampoco han escapado a esta dinámica confrontacional. Las cortes han enfrentado críticas sistemáticas a sus fallos, acompañadas de llamados públicos a manifestarse contra sus decisiones, en lo que algunos analistas han calificado como acciones cercanas a la asonada institucional.
El Congreso de la República, donde el oficialismo cuenta con mayoría, ha experimentado presión constante desde la plaza pública, complementada con acusaciones de compra de votos mediante asignación de contratos. Las manifestaciones y bloqueos por parte de la minga indígena han trasladado el debate legislativo a las calles, en una estrategia que muchos consideran desestabilizadora.
La confrontación con la autonomía institucional
La beligerancia presidencial alcanzó su punto culminante con los ataques públicos contra el Banco de la República, institución diseñada constitucionalmente con independencia del ejecutivo. Su función primordial de controlar la inflación se ha visto comprometida por la necesidad de tomar medidas correctivas frente a un gobierno caracterizado por el gasto público desbordado.
El aumento significativo de la oferta monetaria y el crecimiento del déficit fiscal, financiado mediante préstamos en dólares con tasas elevadas, han creado un escenario económico complejo que la autoridad monetaria ha tenido que enfrentar con políticas restrictivas.
La estrategia política detrás de la confrontación permanente
Este patrón de conducta presidencial, que privilegia la agitación permanente sobre el arte de gobernar -entendido como la capacidad de lograr lo posible dentro de las limitaciones reales-, parece responder a una estrategia política calculada. Al distanciarse sistemáticamente de los fracasos de su propia administración, el mandatario construye un relato donde se presenta como la solución a problemas generados por "otros": su propio gobierno y las instituciones del Estado.
Esta fórmula, aunque cuestionada desde la perspectiva del cumplimiento constitucional, ha demostrado su efectividad en términos electorales, generando réditos políticos significativos para su proyecto. La permanente campaña de oposición, incluso contra su propio gobierno, le permite mantener un mensaje de cambio constante mientras delega responsabilidades en actores externos.
La pregunta que queda pendiente es cómo afecta esta dinámica a la estabilidad institucional del país y al cumplimiento efectivo de las funciones presidenciales establecidas en la Constitución, especialmente en áreas críticas como la seguridad, la justicia y la economía nacional.
