Presidencia defiende nombramiento de Juliana Guerrero ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La Presidencia de la República presentó un pronunciamiento formal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca defendiendo la designación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como delegada presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Este documento responde a la solicitud de medida cautelar presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien busca suspender provisionalmente los efectos del Decreto 0390 del 1° de abril de 2025.
Argumentos de la demanda y contraargumentos presidenciales
La congresista Pedraza fundamentó su solicitud en cuatro argumentos principales:
- Irregularidades en la formación profesional de la designada
- Investigaciones administrativas y judiciales sobre sus títulos académicos
- Proporcionalidad de la medida cautelar solicitada
- Razonabilidad de la solicitud presentada
Sin embargo, la Presidencia, a través del apoderado Milton Alexander Dionisio Aguirre, solicitó al juez negar la medida cautelar argumentando que:
- La acción popular no es el mecanismo jurídico adecuado para suspender nombramientos administrativos
- Los decretos presidenciales gozan de presunción de legalidad mientras no sean anulados en procesos específicos
- La existencia de investigaciones en curso no constituye inhabilidad automática para ejercer cargos públicos
- Se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme
Fundamentos jurídicos de la defensa presidencial
En su concepto jurídico, la Presidencia enfatizó que "suspender los efectos del Decreto bajo tales premisas vulneraría el debido proceso y la seguridad jurídica", señalando que se estarían anticipando sanciones que no han sido declaradas mediante sentencia firme. El documento añade que "los cuestionamientos sobre la idoneidad de una persona ocurridos con posterioridad a la expedición del acto administrativo, no se traducen, de forma automática, en una desviación de poder o en actos de corrupción".
La posición oficial sostiene que únicamente una decisión judicial definitiva podría activar la facultad discrecional del presidente para derogar el decreto de nombramiento, manteniendo así la vigencia de la designación mientras no exista resolución judicial en firme que establezca inhabilidades concretas.
Reacción política y contexto de la controversia
La representante Jennifer Pedraza respondió inmediatamente a través de redes sociales, afirmando: "Pdte. su descaro no tiene límite. El mismo día que la Fiscalía imputa a Juliana Guerrero por sus títulos falsos, la Presidencia envía una carta argumentando que no hay vulneración a la moralidad pública". Esta declaración refleja la tensión política alrededor del caso, que se enmarca en investigaciones sobre la validez de los títulos académicos de la funcionaria designada.
El caso evidencia los complejos equilibrios entre el ejercicio de la facultad presidencial de nombramiento, los controles judiciales y políticos, y los principios de presunción de inocencia y legalidad administrativa en el contexto de funcionarios públicos con procesos judiciales en curso.
