Enfrentamiento político en Medellín por minga indígena y delitos sexuales
El presidente Gustavo Petro estableció una directriz clara sobre la política de seguridad y convivencia en Medellín este miércoles, tras varios días de la llegada de la minga indígena a la capital antioqueña. A través de una instrucción directa a la Fuerza Pública, el mandatario priorizó el combate a los delitos sexuales cometidos por extranjeros sobre la restricción de las movilizaciones sociales en el espacio público.
"La orden que doy a la Policía Nacional no es prohibir Medellín a los indígenas sino prohibir Medellín a los pederastas y abusadores sexuales que llegan del extranjero", afirmó Petro, vinculando el derecho a la ciudad de las comunidades étnicas con la urgencia de erradicar redes de explotación infantil que afectan la imagen y la seguridad de la región.
Uribe defiende la "protección cívica" y cuestiona la minga
La postura del Ejecutivo contrasta con el anuncio realizado en una reunión por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El líder del Centro Democrático confirmó que realizará una ceremonia para exaltar a los funcionarios locales que impidieron el ingreso de la minga al Centro Administrativo La Alpujarra el pasado 16 de marzo. Por lo que, Uribe busca reconocer la gestión del alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón y el concejal Andrés "El Gury" Rodríguez.
El expresidente encabezó este acto público en Medellín para respaldar a los ciudadanos, concejales y motociclistas que se opusieron a los bloqueos de la minga. Por esto lo calificó este movimiento como una "protección cívica" necesaria ante lo que considera una falta de autoridad frente a las vías de hecho, rechazando tajantemente las comparaciones con estructuras ilegales del pasado.
"No vamos a hablar de 'defensa cívica' porque dicen: 'claro, ese paraco de Uribe, lo que hizo en la comuna 13, etcétera'. Vamos a hablar de Protección Cívica y de la Policía. Colombia está gobernada hoy por el narcoterrorismo, y aquí hay una fuerza que trabaja para proteger a la comunidad de todas las acciones que induce el narcoterrorismo", afirmó Uribe durante su intervención.
Cuestionamientos sobre financiación de la movilización
El líder del Centro Democrático cuestionó además la financiación de la movilización indígena, sugiriendo que existen intereses políticos vinculados al Pacto Histórico para generar inestabilidad. Según Uribe, la llegada de los comuneros a Medellín no tenía una justificación técnica o de reclamo real que no pudiera resolverse de forma remota.
"Yo me pregunto cuando leí el acuerdo. El acuerdo dice: nada. Le dieron 50 millones para que se regresaran. Yo quiero mencionar estas coincidencias. Primero, la Minga no necesitaba venir. Cualquier sugerencia la pudieron hacer por teléfono y les cuesta mucho más la venida que los 50 millones que les dieron para el regreso. Dejo una pregunta a la base indígena: ¿Quién financió eso?", agregó el expresidente.
Mientras desde el Gobierno Nacional se prioriza el impacto humano y la lucha contra el crimen sexual internacional, desde la dirigencia local opositora se reclama sobre estar en contra los bloqueos y la movilización social en puntos estratégicos de la ciudad. Este enfrentamiento evidencia las profundas divisiones políticas en torno a la seguridad, los derechos indígenas y la gestión del espacio público en una de las principales urbes del país.
