Presidente Petro solicita reactivación de decreto de emergencia ante crisis humanitaria
El presidente Gustavo Petro ha realizado una solicitud formal a la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica, Social y Ambiental de diciembre de 2025. Esta petición se produce en respuesta a la grave emergencia invernal que afecta severamente a los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la situación humanitaria se ha deteriorado rápidamente.
Argumentos basados en la realidad nacional
En un documento fechado el 9 de febrero de 2026, el mandatario colombiano instó a los magistrados del alto tribunal a reconsiderar la medida de suspensión del decreto 1390 de 2025. Petro fundamentó su solicitud en la realidad actual del país, destacando que "la situación humanitaria se ha agravado de forma acelerada y dolorosa" desde que se adoptó la suspensión.
El Gobierno Nacional trabaja de manera permanente y coordinada con todos sus ministerios y entidades, reunido en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según el presidente, esta emergencia "ya no es una advertencia futura, sino una tragedia en curso" que requiere medidas excepcionales.
Impacto devastador en Córdoba y Sucre
Las cifras presentadas por el mandatario son alarmantes:
- Más de 14 personas han perdido la vida
- Más de 9 mil viviendas han sido destruidas
- Aproximadamente 50 mil familias han resultado afectadas
- Más de 35 mil hectáreas productivas permanecen inundadas
Esta situación compromete gravemente el sustento y la alimentación de miles de hogares colombianos. Petro advirtió que "lo que hace semanas era una advertencia técnica -el riesgo de hambre señalado por organismos internacionales como la FAO- hoy empieza a sentirse en el día a día de comunidades enteras".
Fenómeno extraordinario sin precedentes
En su comunicación a la Corte Constitucional, el presidente señaló que aunque el Estado colombiano había identificado riesgos climáticos, la situación actual está relacionada con un fenómeno extraordinario. Se trata de la llegada de un frente frío de origen ártico al Caribe colombiano, acompañado de lluvias de una intensidad sin registro histórico ni estadístico en la región.
"No es un riesgo teórico, es un hecho extraordinario", enfatizó Petro, relacionando directamente esta crisis con los efectos del cambio climático global.
Contexto político y declaraciones previas
Previo a la solicitud formal del presidente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había manifestado que las altas cortes "no tienen escapatoria política para ayudar a los necesitados ante la calamidad pública". Esta declaración anticipaba la presión que el Gobierno ejercería sobre el poder judicial para obtener herramientas extraordinarias de gestión.
A través de este recurso, el Gobierno buscaría reactivar el decreto de Emergencia Económica, Ambiental y Social con el objetivo específico de atender las implicaciones de la ola invernal en Córdoba, Sucre y otras zonas afectadas. Sin embargo, el presidente Petro ha insistido en que la emergencia debería declararse en todo el país, debido a las fuertes lluvias sin precedentes que afectan al Caribe y otras regiones colombianas.
Implicaciones y alcance de la medida
La reactivación del decreto permitiría al Gobierno implementar medidas extraordinarias para:
- Atender la emergencia humanitaria inmediata
- Reactivar las economías locales afectadas
- Reconstruir infraestructura dañada
- Proteger la seguridad alimentaria de las comunidades
- Implementar medidas de adaptación climática
Esta situación representa un desafío institucional significativo, donde el poder ejecutivo busca herramientas de gestión extraordinaria mientras el poder judicial debe balancear la legalidad con la urgencia humanitaria. La decisión de la Corte Constitucional marcará un precedente importante para la gestión de crisis climáticas en Colombia.
