Gobierno de Petro presiona por reactivación de emergencia económica ante crisis climática
En medio de la grave situación generada por el frente frío que afecta a múltiples regiones del país, el presidente Gustavo Petro ha planteado una amenaza institucional significativa: recurrirá a un nuevo decreto de emergencia económica si la Corte Constitucional no levanta la suspensión sobre el que actualmente se encuentra en curso.
Advertencia presidencial en consejo de ministros
Durante el consejo de ministros de este martes, el mandatario colombiano fue contundente en sus declaraciones: "Si la Corte Constitucional, en su ejercicio libre y autónomo, niega nuestra solicitud, la consecuencia inmediata es que tenemos que recortar COP 13 billones; menos dinero para los gobernadores. Pero tenemos plan B".
Esta advertencia se produce en un contexto fiscal particularmente complejo, luego de que el Congreso de la República hundiera la Ley de Financiamiento sin permitir un debate de fondo, lo que según el Ministerio de Hacienda ha incrementado la presión fiscal y limitado la capacidad del Gobierno para tomar decisiones oportunas.
Recursos para atender emergencia climática
Según el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, se adoptarán medidas para recaudar COP 8 billones que se dirigirán específicamente a la atención del impacto de las lluvias. El departamento de Córdoba, cuyo gobernador Erasmo Zuleta estuvo presente en la reunión de altos funcionarios, sería uno de los principales beneficiarios.
El comunicado oficial del Minhacienda señala que "frente a hechos imprevisibles, como las inundaciones provocadas por el actual frente frío, el Gobierno considera nuevamente indispensable la declaratoria de emergencia económica para movilizar los recursos necesarios y atender a la población afectada".
Posiciones políticas divididas
La medida ha generado reacciones encontradas en el espectro político nacional:
- Desde la oposición: El partido Cambio Radical ha calificado la emergencia económica suspendida como "financiamiento estructural" que hoy se vende "como salvavidas", advirtiendo que "mañana dirán que se gastó en la emergencia y quedará el hueco fiscal".
- Críticas presidenciales: La candidata presidencial Vicky Dávila ha apuntado que la medida busca "asfixiar a empresas y ciudadanos con más impuestos", lo que "frena el crecimiento, genera desempleo y espanta inversiones", calificándola incluso como "populismo fiscal".
- Propuesta alternativa: Desde la Federación Nacional de Departamentos, presidida por el gobernador Zuleta, se ha propuesto utilizar los saldos no ejecutados de las regalías administradas por la nación, que ascenderían a más de COP 6 billones, para atender la emergencia.
Apoyos desde el oficialismo
En contraste, varios congresistas del oficialismo han salido a respaldar una nueva emergencia económica:
- La senadora Aída Avella afirmó que se "requiere la colaboración de la Corte Constitucional para que levante la suspensión de la emergencia económica".
- El senador Pedro Flórez señaló que la medida era "necesaria" ante la magnitud de las inundaciones en el Caribe.
- Desde el Partido de la U, el senador Antonio Correa apuntó que sin ese decreto, "el Estado queda amarrado", añadiendo que "la Corte debe dejar las ideologías atrás y pensar en los cordobeses".
Escenario complejo y amplia afectación
Lo cierto es que desde el mismo Ejecutivo se ve poco probable que la Corte Constitucional levante la suspensión de la emergencia económica actual. De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, un nuevo decreto abarcaría 22 departamentos, todos afectados por el frente frío que continúa causando estragos en el territorio nacional.
El representante Alejandro Ocampo lanzó una crítica directa a los congresistas que rechazaron la ley de financiamiento del Gobierno, afirmando que tanto esta como la emergencia económica eran importantes para enfrentar lo que calificó como una "ola invernal sin precedentes".
Mientras tanto, el gobernador Zuleta ha buscado un equilibrio, afirmando que "los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que, en virtud de la misma, se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial".
