Nuevo enfrentamiento político: Petro cuestiona vínculos de fiscal Camargo
En medio de una sesión del consejo de ministros convocada para abordar la grave emergencia invernal que afecta a múltiples regiones colombianas, el presidente Gustavo Petro desvió la atención hacia un nuevo choque institucional con la Fiscalía General de la Nación.
El detonante: nuevas imputaciones del ente acusador
La intervención presidencial se produjo horas después de que la Fiscalía anunciara formalmente imputaciones contra Juliana Guerrero, candidata de Petro al Viceministerio de la Juventud, y contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Las acusaciones se relacionan con presuntas violaciones a los topes de campaña durante el proceso electoral 2022-2026 y con la compra de un apartamento en Bogotá.
Hasta ese momento, el mandatario había mantenido un silencio notable frente a la serie de decisiones judiciales que involucran a personas cercanas a su gobierno, pero su postura cambió radicalmente tras una publicación de su partido político, Colombia Humana, en redes sociales.
Denuncia anónima y graves señalamientos
El movimiento político difundió lo que calificó como "una denuncia anónima" que revelaría "graves señalamientos sobre una presunta alianza entre altas esferas de la Fiscalía y el abogado Abelardo de la Espriella". En su comunicado, solicitaron formalmente:
- Una investigación exhaustiva sobre estos vínculos
- Que se aclare públicamente si existe relación entre el cónyuge de la fiscal general y el abogado candidato
- Determinar si se estaría desarrollando un esquema de "falsos positivos judiciales" para encarcelar miembros del gobierno
Intervenciones directas del presidente
Durante su participación en el consejo de ministros, Petro lanzó varias declaraciones de alto voltaje político:
"... De la fiscal que hace alianzas con candidatos presidenciales... Dicen ahora... Para ver cómo nos coge presos para que gane uno de los responsables de la represa de Urrá", afirmó en un primer momento.
Minutos después, mientras abordaba temas de tierras y alianzas políticas, intensificó sus acusaciones: "Ese desconocimiento de propietarios significa testaferrato, y, por tanto una oportunidad, sí, con Fiscalía, pero ahora la fiscal dice que está ya precisamente el abogado de los testaferros. Pero que no sea cierto esa vaina, porque el tipo dijo que nos iba a destripar y comenzaron... Entonces nos toca ponernos también nosotros en emergencia... La fiscal está fijada con los abogados de los testaferros".
Nombres específicos y preguntas al país
El presidente fue aún más específico al mencionar directamente a Germán Marroquín Grillo, esposo de la fiscal Luz Adriana Camargo, y al abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
"De la Espriella está metido en ese pastel, tiene que resolverlo, eso es de frente al pueblo. O que diga que no, no sé, la verdad. Pero si hay una relación política entre De la Espriella y el marido de la fiscal, ¿entonces quién resuelve esto de la justicia? ¿O vamos a engañar al pueblo?".
Respuesta inmediata de De la Espriella
Mientras la fiscal general mantiene silencio sobre las acusaciones, Abelardo de la Espriella respondió de manera contundente. En conversación con el diario El Tiempo, aseguró: "Se trata de un desespero porque saben que les voy a ganar".
Posteriormente, en sus redes sociales, el abogado y candidato presidencial reforzó su posición: "Esto es delirante: no conozco a la fiscal general ni a su esposo. Ya no encuentran qué inventar; el miedo a la derrota los tiene desesperados. Vamos a ganar en primera vuelta".
Contexto de tensión institucional
Este nuevo episodio se desarrolla en un escenario de creciente tensión entre el gobierno nacional y el ente acusador, marcado por múltiples investigaciones contra figuras cercanas al ejecutivo. La situación adquiere mayor complejidad al coincidir con una emergencia humanitaria por las lluvias, lo que ha generado críticas sobre la priorización de la agenda gubernamental.
La polarización política se intensifica en medio de un año electoral, donde las acusaciones cruzadas y las descalificaciones parecen marcar el ritmo del debate público, dejando en segundo plano temas urgentes como la atención a las víctimas del invierno y la implementación de políticas sociales.