La tarde del 13 de junio de 2025, el Gobierno colombiano suspendió la regla fiscal, una decisión que muchos anticipaban pero que nadie logró evitar. Analistas, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y diversos expertos habían advertido sobre los riesgos de una medida que finalmente se concretó, sumiendo al país en una crisis fiscal que no se veía desde el siglo pasado.
El anuncio que todos esperaban
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, activó la cláusula de escape, enterrando la norma que durante más de una década había sostenido la ilusión de disciplina fiscal. La decisión, tomada en una conferencia abierta, no dio tiempo a controversias. No hubo violencia, pero sí cifras que reflejaban un déficit del 7,1% y una deuda del 61%. La regla fiscal, como Santiago Nasar en la novela de Gabriel García Márquez, murió en la puerta de su casa, sin que nadie hiciera nada por evitarlo.
Las advertencias ignoradas
El Carf había señalado en su concepto técnico del 8 de junio que no existía emergencia, guerra ni catástrofe natural que justificara la activación de la cláusula. El único evento extraordinario era el desequilibrio fiscal creado por el propio Gobierno. José Manuel Restrepo calificó la situación como una "crónica del derroche", con un déficit superior al 7,5% y una deuda del 65%. Russell Bedford advirtió que la medida provocaría subida de tasas, caída de la inversión y aumento del dólar.
A pesar de las alertas, el Congreso no exigió un debate de control político, el Banco de la República guardó silencio y las calificadoras internacionales observaron desde lejos. La decisión ya estaba tomada, y nadie quiso detenerla.
Los ejecutores del crimen
El ministro Ávila y su viceministro de Crédito, Javier Cuellar, habían dado pistas en conferencias previas. Hablaban del gasto como un cuerpo inmóvil y reiteraban que el recaudo no alcanzaba. El día del anuncio, Ávila llegó temprano al Ministerio con el documento final firmado por el Confis. Sin usar condicionales, confirmó lo que todos sabían: la regla fiscal quedaba suspendida por tres vigencias fiscales, ante la inflexibilidad estructural del gasto y la insuficiencia temporal de ingresos.
La excusa era proteger el gasto social, pero los expertos sabían que se trataba de un error que agravaría la crisis fiscal. La economía colombiana no era lo que se prometió, y el presidente Gustavo Petro, empeñado en su modelo de justicia social, decidió romper la regla que le impedía gastar a su gusto.
Las consecuencias de la decisión
La suspensión de la regla fiscal no fue un accidente, sino un acto planeado con justificaciones legales. Sin embargo, las consecuencias ya se empiezan a sentir: subida de tasas, caída de la inversión, aumento del dólar y una crisis fiscal que amenaza con empeorar. El país enfrenta un panorama incierto, y la confianza de los inversionistas se ha desplomado.
Mientras tanto, el Gobierno promete volver a la disciplina en 2028, pero no explica cómo. La regla fiscal, que durante años fue el ancla de la confianza económica, quedó suspendida por decreto, en horario laboral, sin ceremonia ni duelo. Solo los expertos saben lo que se ha perdido.
¿Quién mató a la regla fiscal?
La respuesta es unánime: todos. Petro la señaló, Ávila la ejecutó, el Congreso miró hacia otro lado y los que sabían que esto ocurriría decidieron callar. Ahora solo queda esperar qué tanto se complica la crisis fiscal en el último año de este gobierno y pensar en los ajustes que vendrán.
La Dian, por su parte, devolverá $57.000 millones tras la caída de decretos, pero mantiene el recaudo. El país enfrenta una crisis fiscal que no se veía desde el siglo pasado, y las perspectivas no son alentadoras.
