El modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno volvió a estar en el centro del debate público luego de que la Imprenta Nacional de Colombia saliera a defender su implementación, al señalar que las críticas responden a “lecturas incompletas” del proyecto y que el objetivo central es avanzar hacia la soberanía documental mediante la transferencia de capacidades tecnológicas al Estado, en un proceso que también tiene implicaciones institucionales y económicas.
Imprenta Nacional defiende modelo de pasaportes y soberanía documental
La entidad explicó que el nuevo esquema no debe interpretarse como un modelo tradicional de contratación para la impresión de pasaportes, sino como una estrategia de cooperación internacional orientada a fortalecer las capacidades públicas. En ese sentido, enfatizó que el convenio suscrito no busca delegar la producción, sino permitir que el país “aprenda, instale, produzca y custodie” los documentos de viaje.
En su pronunciamiento, la Imprenta Nacional rechazó que se trate de un esquema sin trazabilidad o sustento técnico y aseguró que ha atendido los requerimientos de los órganos de control. No obstante, advirtió que algunas observaciones corresponden a “información preliminar” que no puede considerarse como prueba definitiva, especialmente en un contexto en el que el tema está siendo analizado en sede judicial.
Convenio internacional busca reducir dependencia de operadores privados
Uno de los puntos centrales de la defensa institucional es la necesidad de construir autonomía tecnológica en la producción de documentos de alta seguridad, punto en el que la entidad subrayó que el modelo está diseñado para que el Estado colombiano asuma progresivamente funciones clave como la producción, personalización, custodia y control de los pasaportes, reduciendo la dependencia de operadores privados.
“La finalidad es implementar un modelo de cooperación pública internacional orientado a transferir progresivamente al Estado colombiano capacidades tecnológicas, productivas y operativas”, indicaron, al destacar que este proceso incluye transferencia de conocimiento especializado, instalación de infraestructura y acompañamiento en la operación inicial.
En este contexto, la Imprenta señaló que analizar el proyecto bajo la lógica de una licitación tradicional resulta “técnicamente incorrecto”, ya que el enfoque no es la compra de un servicio, sino la construcción de una capacidad estatal. Esta distinción marca el núcleo del debate sobre el modelo y su viabilidad en el largo plazo.
Debate jurídico y control institucional marcan la implementación
El comunicado también hace énfasis en que el convenio no está orientado a contratar un proveedor extranjero para la producción de pasaportes, sino a desarrollar una operación nacional sostenible. Según la entidad, el esquema busca que el Estado “apropie capacidades, reduzca dependencia y asuma progresivamente el control público del proceso”.
En esa línea, se destacó que los modelos tradicionales de contratación han estado concentrados en un operador dominante, lo que ha generado dependencia y que el nuevo enfoque pretende superar ese esquema mediante una transición progresiva hacia una operación pública, con estándares de seguridad y trazabilidad acordes con las exigencias internacionales.
La Imprenta también aclaró que elementos como el origen de ciertas libretas o insumos no definen la naturaleza del modelo, al tratarse de componentes logísticos dentro de un proceso más amplio. Reducir la discusión a estos aspectos, según la entidad, equivale a desconocer el propósito estratégico del proyecto.
Adicional a todo lo anterior, la Imprenta Nacional indicó que el análisis del convenio deberá resolverse con base en pruebas y bajo las reglas del debido proceso, en un escenario en el que se discuten interpretaciones sobre su legalidad y alcance.
En materia de seguridad, la entidad defendió la reserva de información relacionada con los procesos de producción de documentos de alta seguridad, al señalar que la divulgación de ciertos datos podría comprometer la integridad del sistema. “La transparencia frente a las autoridades no puede confundirse con la divulgación pública de información sensible”, indicó el comunicado, en el que también abordó cuestionamientos sobre la trazabilidad del sistema y reiteró que el modelo contempla protocolos de control, custodia y verificación.
Asimismo, explicó que las muestras producidas hasta ahora corresponden a etapas de validación técnica y no a documentos destinados al uso público y concluyó que el país no está retrocediendo hacia un esquema de dependencia, sino avanzando hacia la construcción de capacidades propias. En ese sentido, defendió que la implementación del modelo debe entenderse como un proceso gradual, en el que la transferencia tecnológica y la apropiación institucional son elementos clave para consolidar una operación estatal en documentos de alta seguridad.
