La disputa interna escala mientras proyectos vitales de infraestructura quedan paralizados
La tensión dentro del Gobierno Nacional alcanza un nuevo punto crítico con el enfrentamiento público entre dos de sus entidades más importantes para la gestión de riesgos y la reconstrucción del país. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, rompió su silencio tras las graves acusaciones formuladas por la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien lo señaló de infiltrar su equipo de trabajo y ejercer persecución en su contra.
"Hablo con pruebas, no con relatos": la respuesta de Carrillo
Durante una entrevista en el programa 6AM Hoy por Hoy, Carrillo respondió con contundencia a las acusaciones, calificándolas como una estrategia política diseñada específicamente para dañar la imagen del Ejecutivo en un momento de vulnerabilidad institucional. "Yo hablo con pruebas. Cuando tengo algo, voy a la Fiscalía y denuncio. Lo que estamos viendo es un intento de generar una tormenta mediática que impacte al Gobierno actual; es un relato que se le está cayendo", afirmó el director de la Ungrd.
Carrillo fue directo al señalar que las afirmaciones de Rodríguez carecen completamente de sustento técnico y responden más bien a un "desespero" ante la pérdida de control sobre la narrativa institucional. Según su versión, la gerente del Fondo de Adaptación ya no logra influir en la forma en que se comunica la información oficial desde las entidades del sector.
La polémica por el supuesto espía y los convenios de seguridad
Sobre la acusación específica de haber infiltrado un espía dentro del Fondo de Adaptación, Carrillo desestimó completamente la denuncia. Aseguró que los asesores de esa entidad son de libre nombramiento y remoción de la propia gerente, afirmando categóricamente: "Yo no sé de quién habla. Ella misma llevó a su equipo".
Uno de los puntos más críticos de esta confrontación se centra en el manejo de los recursos para seguridad personal. Carrillo cuestionó abiertamente un convenio firmado entre el Fondo de Adaptación y la Unidad Nacional de Protección (UNP), sugiriendo que dicho acuerdo podría estar siendo utilizado para financiar gastos de seguridad personal de la actual directora.
Según el director de la Ungrd, este convenio sería redundante e innecesario, ya que el Fondo de Adaptación ya cuenta con vehículos oficiales y conductores asignados por estructura. Basándose en su experiencia como exgerente del Fondo, Carrillo señaló que la movilidad de la dirección está completamente garantizada sin necesidad de convenios adicionales que incrementen el gasto público.
Proyectos vitales en riesgo por la inestabilidad administrativa
Mientras los directivos de estas dos entidades fundamentales para la reconstrucción y prevención de desastres se enfrentan públicamente en los medios de comunicación, el avance de macroproyectos de mitigación de riesgo y reasentamientos humanos queda seriamente comprometido.
Estos proyectos son vitales para municipios afectados por el cambio climático y fenómenos naturales, pero ahora se ven opacados y posiblemente paralizados por la inestabilidad administrativa generada por este conflicto interno. La atención que debería estar centrada en la ejecución de obras de infraestructura crítica se desvía hacia esta guerra de acusaciones y descalificaciones.
Fractura interna y sombras de corrupción
Para analistas políticos consultados, este enfrentamiento refleja una profunda fractura interna en los sectores técnicos del Gobierno, donde la sombra de los pasados escándalos de corrupción en la UNGRD ha dejado un ambiente de desconfianza absoluta que permea las relaciones institucionales.
Carlos Carrillo confirmó que llevará cualquier irregularidad detectada ante los entes de control correspondientes, mientras que el sector político observa con atención para ver si esta "tormenta" terminará con la salida de Rodríguez del Fondo de Adaptación o si se trata de un pulso de poder prolongado entre dos fichas clave del sector riesgo.
La situación pone en evidencia las grietas internas dentro del Gobierno Petro en un área sensible como la gestión de riesgos, justo cuando el país enfrenta crecientes desafíos climáticos y de reconstrucción post-pandemia. La resolución de este conflicto no solo afectará a los funcionarios involucrados, sino que tendrá consecuencias directas sobre la capacidad del Estado para responder a emergencias y ejecutar proyectos de infraestructura esenciales para comunidades vulnerables.
