Los ministerios de Trabajo y Hacienda emitieron un comunicado en respuesta a la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda contra el Decreto 415 de 2026 y suspender el traslado exprés de 25 billones de pesos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas a Colpensiones. La medida, según el Ministerio de Trabajo, buscaba garantizar el pago de pensiones a corto plazo para unos 120.000 colombianos que optaron por trasladarse del régimen privado al público durante la ventana de oportunidad de la reforma pensional.
Decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado determinó que la medida adoptada en el decreto, que implicaba un traslado masivo de recursos del sistema pensional, requería una intervención judicial inmediata, ya que el Gobierno podría estar excediendo sus facultades. La Sección Segunda del Consejo de Estado realizará ahora un análisis jurídico para determinar la legalidad del decreto.
Reacción del Gobierno
En su pronunciamiento, las carteras de Hacienda y Trabajo señalaron que, aunque respetan las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, consideran necesario advertir que este tipo de decisiones adoptadas en trámite de urgencia, sin agotar el debate contradictorio, generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores. Ambas carteras insistieron en que el decreto fue redactado con el propósito de dar coherencia financiera al sistema pensional vigente y asegurar que los recursos de quienes ejercieron su derecho de traslado acompañen efectivamente las obligaciones pensionales asumidas por el Estado a través de Colpensiones.
Detalles del Decreto 415 de 2026
El decreto establecía el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones en un plazo de 30 días. La primera mitad debía desembolsarse antes del día 20 y la segunda mitad en los diez días restantes. Sin embargo, el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, advirtió que la ley es clara en que la intención es ahorrar estos recursos y que, mientras la gente siga cotizando, los fondos privados administran sus recursos y, al pensionarse, pasarían al fondo de ahorro para continuar multiplicándose y engrosando el ahorro que garantizará las pensiones.
La Sección Segunda del Consejo de Estado deberá ahora decidir sobre la aplicabilidad del decreto, evaluando si se trata de un movimiento ilegal o no.
