El gobierno de Gustavo Petro no muestra ningún reconocimiento de uno de los fallos principales de su administración en materia de seguridad, pese a la reciente ola de atentados que ha sacudido al país. Aún con los ecos vivos de las bombas, de las personas muertas y del terror que sienten los colombianos, la campaña electoral no da tregua a interpretaciones facilistas para lo que es un problema nacional. El gobierno y sus defensores buscan escurrirse culpas, como si no estuvieran en vísperas de cumplir dos años al mando de la seguridad de Colombia, mientras que la oposición busca pescar votos en el río revuelto de la violencia. La realidad es que nuestro país tiene un problema de orden público con raíces profundas y soluciones lejanas.
Reducción de homicidios estancada y cambio en la guerra
Una y otra vez, el gobierno Petro ha sacado pecho por la reducción de homicidios en el país. Lo propio han hecho los alcaldes de las entidades territoriales donde eso ha ocurrido. Si bien es cierto que Colombia tiene una tasa de homicidios inferior a la de sus peores años, también lo es que la reducción se ha estancado. Más importante que eso, la manera como se libra la guerra en nuestro país se modificó. Como documenta de manera exhaustiva Eduardo Pizarro en “El fracaso de la paz total”, hoy tenemos regiones donde mandos medios de organizaciones guerrilleras y paramilitares desmovilizadas se convirtieron en reyes y tienen como único propósito ejercer control sobre territorios para garantizar sus rentas criminales. Al mismo tiempo, la fallida estrategia de negociar con todo el mundo al mismo tiempo, ofreciendo ceses al fuego de entrada, limitó la capacidad de acción de las Fuerzas Militares. Incluso allí donde la persecución de los criminales se reanudó hace un año o dos, el tiempo perdido y la falta de capacidad estatal han dejado a muchas personas en estado de desprotección.
Ola de atentados y crisis humanitaria
La andanada de ataques en los últimos días demuestra que los criminales pueden causar daños a su antojo. Al cierre de esta edición se contaban por lo menos 30 atentados. El más dañino fue un ataque con explosivos en la vía Panamericana, en Cajibío, que ha dejado 21 personas muertas y más de 56 heridos, además de paralizar la vía y profundizar la crisis humanitaria. Los ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño no sorprenden. Como dijo la Defensoría del Pueblo: “Cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados: evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado”. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) también expresó su frustración: “Las comunidades de Cauca hemos resistido décadas de guerra, abandono estatal, economías ilegales y disputas por el control territorial. Nuestros pueblos saben que la violencia siempre golpea primero a campesinas, indígenas, comunidades negras, mujeres, juventudes y diversidades”.
Reacciones del gobierno y contradicciones
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que lo ocurrido “no es una muestra de fortaleza, es una muestra de debilidad”. El presidente Petro afirmó que los atacantes “son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, que busca “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista” y los acusó de ser parte de una conspiración política: “Quieren que la extrema derecha, el fascismo, gobiernen a Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito”. Tantas palabras y ningún reconocimiento de uno de los fallos principales de su gobierno.
De los discursos a los hechos: el caso de El Plateado
El 12 de octubre de 2024, el Ejército retomó El Plateado, en Cauca, y el presidente fue allí con una comitiva de ministros. “Hoy El Plateado es Colombia”, dijo el mandatario, anunciando la presencia estatal. Este lunes, una camioneta con explosivos estalló en ese municipio. De los discursos a los hechos hay mucho trecho, uno lleno de explosivos.
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