Gobierno Petro admite que $8 billones podrían ser insuficientes para emergencia climática
Durante el consejo de ministros realizado en Cartagena, el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó abierta la posibilidad de adoptar nuevas decisiones fiscales para atender la emergencia climática que afecta diversas regiones del país. Pese a las medidas ya en discusión que buscan recaudar aproximadamente $8 billones de pesos, las autoridades reconocen que este monto podría resultar insuficiente ante el crecimiento de las afectaciones.
Reconocimiento oficial de la insuficiencia de recursos
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó durante su intervención con el presidente Petro que, aunque las primeras medidas en el marco de la declaratoria de emergencia económica buscan recaudar cerca de $8 billones, ese monto no garantiza cubrir la totalidad de la emergencia. Según afirmó el funcionario, la situación "está creciendo, se está ampliando los niveles de afectación en otras zonas", lo que podría obligar a evaluar nuevos mecanismos de recaudo.
Ávila precisó que el diálogo con Asobancaria continúa y que el Gobierno espera llegar a una conclusión en el corto plazo. Sin embargo, advirtió claramente que, si no se logra un escenario que permita movilizar crédito suficiente, "no hay más camino que el establecimiento de una inversión forzosa", medida que estaría centrada principalmente en recursos canalizados a través de los bancos.
Búsqueda de soluciones para la reactivación económica
El centro del debate no solo es el alivio a los deudores afectados por las lluvias, sino la garantía de un flujo suficiente de recursos para reactivar las zonas golpeadas. Según el ministro Ávila, el objetivo es asegurar "un flujo y un volumen suficiente, una masa de crédito suficiente para recuperar la zona", especialmente en actividades productivas como el sector agropecuario, la microempresa y la pequeña producción urbana.
El sector financiero ha presentado iniciativas que el Ejecutivo considera válidas, entre ellas la propuesta de establecer períodos de gracia de doce meses para los créditos afectados en las zonas inundadas, sin causar intereses durante ese tiempo, manteniendo la calificación crediticia y suspendiendo cobros ejecutivos y prejurídicos. Ávila reconoció que existe "una buena iniciativa por parte del sector financiero".
Nuevas medidas tributarias y posibles alternativas
El Gobierno avanza en un nuevo esquema tributario tras la imposibilidad de repetir las medidas que se impusieron en la emergencia económica anterior, suspendida por la Corte Constitucional. El decreto actual establece un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con tarifas diferenciadas:
- Tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT (equivalentes a poco más de $10.474 millones)
- Tarifa del 1,6% para el sector financiero y el minero-energético
Esta diferenciación busca que la mayor carga recaiga sobre sectores con mayor capacidad económica, pues alrededor del 56% del recaudo esperado provendría de estas actividades. Sin embargo, Ávila aclaró que esta decisión no correspondía a la intención inicial del Gobierno.
Posibilidad de medidas adicionales
Las inversiones forzosas suenan cada vez más fuerte como una medida complementaria a los cambios tributarios, llegando a tal punto que los bancos pidieron reunirse con el Ejecutivo. Mientras tanto, el presidente Petro pidió estudiar un impuesto adicional a las ganancias extraordinarias del sector financiero.
El ministro Ávila dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas adicionales si las necesidades fiscales superan la capacidad de financiación prevista en el decreto ya firmado. Aunque no detalló cuáles serían esas alternativas, enfatizó que la actual medida fiscal constituye "la primera gran medida que se adopta", con la cual se espera recaudar cerca de 8 billones de pesos, pero reconociendo explícitamente que este monto podría no ser suficiente ante la ampliación continua de la emergencia climática.
