La seguridad se ha convertido en una prioridad en el discurso de los candidatos presidenciales, con promesas de más Policía, inteligencia, tecnología y control del delito. Sin embargo, un reciente informe de Bogotá Cómo Vamos advierte que la mayoría no explica de dónde obtendrán los recursos para cumplir dichas promesas.
Brecha de financiación en seguridad
La quinta edición del boletín analiza las propuestas de seguridad, convivencia y justicia de los programas de gobierno. Señala que fondos como FONSECON y FONSET representan menos del 0,05 % del PIB, insuficientes para las necesidades actuales. Los candidatos proponen ampliar el pie de fuerza o invertir más, pero omiten detallar las fuentes de financiación, ya sea reasignación, nuevos impuestos o mejor uso del presupuesto.
Control del delito domina el discurso
El informe muestra que la mayoría de los candidatos se enfoca en control del delito. Abelardo de la Espriella dedica el 60 % de su discurso a este aspecto, sin mencionar prevención. En contraste, Sergio Fajardo y Paloma Valencia presentan enfoques más equilibrados, mientras que Iván Cepeda prioriza la prevención y el conflicto armado.
Tecnología sin reglas claras
Muchos candidatos prometen usar tecnología, inteligencia artificial y herramientas modernas, pero el marco legal está desactualizado. Bogotá Cómo Vamos advierte que se necesitan reglas claras sobre compra, operación y supervisión de estas herramientas. No basta con ofrecer cámaras o software sin definir límites y controles.
Bogotá también queda en deuda
El informe destaca que los programas analizados otorgan poca visibilidad al papel de las ciudades, especialmente Bogotá, que concentra gran parte de los problemas de seguridad. La coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales es clave, pero no se aborda adecuadamente.
En conclusión, la ciudadanía necesita más que promesas: requiere conocer los costos, fuentes de financiación, implementación y resultados esperados. La seguridad no se resuelve solo con frases contundentes, sino con recursos, capacidad institucional y decisiones sostenibles.
