Fajardo demanda control estricto sobre fondos de emergencia climática
El candidato presidencial Sergio Fajardo ha enviado una carta formal al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, exigiendo una vigilancia exhaustiva sobre la ejecución de los 8.6 billones de pesos asignados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) bajo el decreto de emergencia 0150 de 2026.
Preocupación por antecedentes de corrupción
En su comunicación, Fajardo manifestó profunda preocupación por la falta de transparencia en el manejo de estos recursos destinados a atender la crisis climática generada por las intensas lluvias. "El Gobierno Nacional le entregó 8,6 billones a la UNGRD para atender la crisis climática. El problema es que esta entidad ya ha tenido escándalos de corrupción y debe ser vigilada", afirmó el aspirante presidencial.
El político destacó la urgencia de implementar un esquema de vigilancia en tiempo real que permita monitorear cada etapa de la ejecución de estos fondos excepcionales, especialmente considerando el contexto electoral actual.
Riesgo de desviación en año electoral
Fajardo advirtió sobre el peligro concreto de que estos recursos, recaudados bajo la justificación de una calamidad pública, puedan terminar siendo utilizados con fines políticos o electorales. "Evidencia un riesgo real de desviación de poder y de afectación de la moralidad administrativa, la transparencia y la equidad en la contienda democrática", sostuvo en su misiva.
El candidato subrayó que la UNGRD, bajo la dirección de Carlos Carrillo, cuenta con facultades especiales para ejecutar y contratar con rapidez, lo que podría facilitar irregularidades durante la campaña presidencial.
Llamado a la acción inmediata
Entre las medidas concretas solicitadas, Fajardo propuso:
- La instalación inmediata de una mesa técnica de seguimiento
- La implementación de mecanismos de veeduría ciudadana a profundidad
- La supervisión constante por parte de todos los órganos de control
El aspirante presidencial concluyó su carta con una advertencia contundente: "Los órganos de control están llamados a enviar un mensaje claro: el poder público no puede ser sustituido por el poder del dinero. La Presidencia no se compra con recursos públicos".
Esta solicitud formal se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la posible instrumentalización de recursos estatales durante períodos electorales, particularmente cuando existen fondos de emergencia de gran magnitud en juego.
