La reciente escalada de violencia en el suroccidente de Colombia ha reabierto el debate sobre cómo enfrentar la crisis de orden público que vive el país. Para expertas como Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, y María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, el país no solo enfrenta un recrudecimiento de la violencia, sino también la urgencia de replantear su respuesta institucional.
Deber de protección del Estado
Desde Human Rights Watch, Goebertus parte del punto de la responsabilidad del Estado. “El gobierno, independientemente de la decisión que tome soberanamente sobre su política de paz, tiene una obligación internacional conocida como el deber de protección y garantía, que es el deber de desplegar una política de seguridad y justicia para proteger a la ciudadanía frente a los ataques de organizaciones criminales o partes en el conflicto”, afirmó.
En ese sentido, sostiene que “el gobierno ha estado en mora de poder introducir una serie de reformas al sector seguridad y justicia”, especialmente frente a un escenario marcado por “organizaciones criminales fragmentadas, metidas en medio de la población, altamente hostiles”. Para enfrentar esta realidad, insiste en que no basta con presencia militar, sino que se requiere “capacidad de investigación, recolección de información de inteligencia, capacidad forense, persecución penal estratégica”, enfocada en fenómenos como el lavado de activos, las redes de corrupción y la manera en la cual reclutan menores de edad.
Efectos no deseados de la paz total
Goebertus también advierte sobre la política de paz total. Según ella, es necesario “enfrentar los efectos no deseados”, pues, de acuerdo con lo documentado por la organización, “el pacto de ceses al fuego no debidamente monitoreados ni verificados, la suspensión constante de órdenes de captura ha sido aprovechada por los grupos para fortalecer su control territorial y poblacional”. Esto, afirma, ha ocurrido “sin que el gobierno haya puesto en marcha medidas para proteger a la población”, lo que obliga a una revisión de la política de paz que garantice que “de ninguna manera suponga poner a la población en riesgo”.
“Desafortunadamente, esta violencia no es nueva en el suroccidente, es una repetición de violencias históricas que ya estaban diagnosticadas en el acuerdo de paz de 2016”, explica, al subrayar que la solución pasa por “proveer bienes y servicios públicos básicos”, cerrar brechas de pobreza y mejorar la conectividad de estos territorios.
Fallas en la intervención militar
Por su parte, María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, coincide en que el problema es estructural y advierte que lo ocurrido recientemente, aunque grave, no es aislado. “Esta es una zona que ha sido muy golpeada desde hace mucho tiempo”, recuerda, y menciona antecedentes como “la toma de Buenos Aires, de la estación de policía, nueve horas las disidencias se tomaron el puesto de policía”. Para la directora, la pregunta clave es por qué, pese a operaciones militares sostenidas, no se logran resultados. “Si se han venido dando estas operaciones, ¿dónde estamos fallando?”, plantea.
Su respuesta apunta a un cambio de enfoque: “hay un asunto que hay que trabajar muy fuertemente, y es cómo retomar la iniciativa, pero no la iniciativa de bombardear o de mandar; esto no es un tema: la seguridad no es bombardear o mandar más militares y policías a una zona, sino la iniciativa estratégica”. Esto implica, según explica, ordenar la intervención con base en inteligencia: “¿Cómo se ordena la intervención en ese territorio? ¿Qué tenemos que entender de este grupo?”. Y advierte que el valor de la inteligencia va más allá de lo operativo: “solo el 20% de la inteligencia que se recoge es operacionalizable; el resto sirve para anticipar, para entender qué es lo que está pasando en territorio”.
Reclutamiento y explosivos, ejes críticos
En ese análisis, Llorente identifica dos ejes críticos que deberían ser priorizados. El primero es el reclutamiento: “Es una de las estructuras que mayor reclutamiento de personas, sobre todo de niños, niñas”, por lo que cuestiona, “¿Cómo es posible que eso no se esté investigando adecuadamente?”. El segundo es el uso de explosivos: “es la estructura que más ha utilizado explosivos en sus ataques”, lo que, a su juicio, exige acciones para “cerrar las rutas y todo el abastecimiento de explosivos”.
“Hay que encontrar cuáles son esos ejes estratégicos y esos centros de gravedad para poder, por un lado, disminuir el impacto que está teniendo, anticiparse y poder disminuir el impacto que están teniendo frente a la población civil; por otro lado, también para poder entender cuáles son los planes de estos grupos y cómo se puede enfrentar de manera mucho más estratégica, no solamente con bombardeos y mandando y copando el territorio con personal militar y policial, que, entre otras, pues, es escaso”, señaló Llorente.
Más inteligencia, no más fuerza
Llorente insiste en que insistir únicamente en el despliegue de fuerza resulta insuficiente e incluso contraproducente: “No es un tema de bombardear o mandar más militares”, entre otras razones porque “lo que hacemos en general es sacar gente de un lado para llevarla al otro… es abrir un hueco, cerrar otro”. Por eso, señaló que el enfoque debe ser mucho más estratégico y basado en inteligencia, que permita “anticiparse” y “focalizar acciones muy contundentes” en los puntos críticos del accionar de estos grupos.
“El llamado a este gobierno y a cualquier gobierno que venga es que esto que está sucediendo en esta zona, que reconozcamos que en esta zona llevamos ya varios años haciendo una intervención militar muy fuerte y que no ha producido los resultados esperados en términos de contener el avance de este grupo, y que para que esos resultados se puedan dar, lo mínimo con lo que hay que empezar es mejorando la capacidad de inteligencia de terreno para entender estos grupos, cómo se mueven en terreno, y al menos focalizar acciones muy contundentes para prevenir el reclutamiento”, concluyó.
Ambas miradas coinciden en la necesidad de reformas en seguridad y justicia, revisión de la política de paz y avances reales en la implementación del acuerdo; y, por otro lado, una estrategia territorial más inteligente, basada en información, que permita entender y desarticular las dinámicas específicas de los grupos armados.
