Se enreda la elección del contralor de Cali: concejales enfrentados en El Péndulo al Aire
La elección del contralor de Cali continúa generando profundas divisiones y tensiones políticas dentro del Concejo Distrital, un conflicto que quedó al descubierto durante el programa El Péndulo al Aire de El País, donde concejales de diferentes bancadas expusieron posturas diametralmente opuestas sobre un proceso marcado por advertencias de la Procuraduría y decisiones administrativas que mantienen el cargo sin una elección definitiva.
Posturas encontradas sobre fallas sustanciales
El concejal Fabio Arroyave, representante del Partido Liberal, fue enfático al señalar que el proceso de elección presenta fallas de carácter sustancial que, según su análisis, no pueden ser corregidas sin reiniciar completamente el procedimiento. "Cuando la Procuraduría dice que hay fallas de carácter sustancial, está ya matando el proceso, porque las fallas de carácter sustancial no son susceptibles de ser saneadas, sino mediante la realización de ellas mismas", afirmó con contundencia durante el programa.
Según la posición de Arroyave, el ente disciplinario emitió una advertencia clara al señalar irregularidades en el procedimiento y recomendar no avanzar en la elección hasta resolverlas de fondo. "¿Cómo se resuelven las fallas sustanciales? Haciendo las cosas como dice la Procuraduría, y era reiniciar el proceso", agregó el concejal, quien defendió que la mesa directiva optara por retrotraer el proceso al considerar que no se podía "participar de una ilegalidad".
Críticas desde el Pacto Histórico
Desde otra perspectiva política, el concejal Mauricio Zamora, del Pacto Histórico, cuestionó severamente que el Concejo no haya cumplido con los tiempos establecidos por la Constitución para elegir al contralor. "No se ha cumplido con lo dicho en la Constitución (...) desde el 1 de enero de 2026 debió haber comenzado el ejercicio un contralor o contralora elegida por el Concejo. Lo establece la Constitución en su artículo 272", señaló con firmeza.
Zamora también puso en duda la legitimidad de la designación actual, al advertir que "no está dado que sea el alcalde quien tenga que nombrar a dedo (...) a una contralora para la vigilancia de los recursos públicos". El concejal del Pacto Histórico sostuvo que, aunque la advertencia de la Procuraduría es respetable, no tiene carácter vinculante y no impide que el Concejo avance en la elección. "Eso no quiere decir que perdemos la capacidad de poder elegir. Por lo tanto, lo que procedía (...) era solicitar que la mesa directiva trajera a la terna, se hiciera la entrevista y, posteriormente, se pasara a cumplir con la Constitución, que es elegir", explicó detalladamente.
Defensa de la designación temporal
Frente a estas críticas, Arroyave defendió con argumentos legales que la designación temporal se ajusta completamente a la ley en casos de vacancia del cargo. "La norma dice cómo se resuelven las vacancias absolutas y le entrega la facultad (...) al alcalde de Cali", afirmó el concejal liberal, quien además rechazó categóricamente que el Concejo haya ordenado reiniciar el proceso.
"La mayoría no tomamos la decisión de retrotraer el proceso; eso es una mentira. Nosotros le dimos la facultad a la mesa directiva, que tiene la facultad para que tome las decisiones de sanear el proceso", indicó Arroyave, aclarando que la decisión fue tomada por la mesa directiva en ejercicio de sus competencias específicas.
Un proceso enredado y sin solución inmediata
El debate reveló que el proceso de elección del contralor de Cali se encuentra en un callejón sin salida aparente, con interpretaciones contradictorias sobre:
- El alcance real de las advertencias de la Procuraduría
- La legalidad de la designación temporal actual
- Los plazos constitucionales para la elección
- Las facultades de la mesa directiva del Concejo
Mientras los concejales continúan enfrentados en sus posturas, la ciudad de Cali sigue sin tener un contralor definitivamente elegido, generando incertidumbre sobre la vigilancia de los recursos públicos y el cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia de control fiscal.
