Contratos millonarios en Cancillería generan alerta por control preventivo
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia ha presentado una solicitud formal de control preventivo ante la Procuraduría General de la Nación, poniendo en evidencia una serie de contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que suman aproximadamente COP 83.742 millones.
Detalles de los contratos cuestionados
Según el documento presentado por la organización, entre agosto de 2025 y enero de 2026 se habrían firmado 1.053 contratos de prestación de servicios, concentrados principalmente en asesorías de diversa índole. El mes de enero destaca particularmente, con 785 convenios suscritos por un valor superior a los COP 77.000 millones, justo antes del inicio del período de ley de garantías.
Esta situación se produce en un contexto particularmente delicado, pues la propia canciller Rosa Villavicencio ha reconocido públicamente que la cartera diplomática enfrenta una grave crisis financiera que obligará a implementar "medidas estrictas de austeridad" en los próximos meses.
Contratos específicos bajo la lupa
Entre los acuerdos más cuestionados se encuentran dos contratos por COP 253 millones cada uno, asignados a personas naturales para la "Prestación de servicios profesionales altamente calificados de asesoría jurídica" dirigida específicamente a la Dirección del Talento Humano.
Lo paradójico, según señala la Asociación Diplomática, es que estos contratos se otorgan en una entidad que ya cuenta con dos oficinas asesoras jurídicas especializadas:
- Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales
- Oficina Asesora Jurídica Interna
Ambas dependencias disponen de abogados cuyo trabajo específico es precisamente cumplir con las funciones de asesoría jurídica que ahora se estarían contratando externamente.
Contradicción entre gastos y crisis declarada
La organización diplomática subraya la aparente contradicción entre los importantes desembolsos contractuales y la declaración de crisis financiera realizada por la máxima autoridad del ministerio. Villavicencio había advertido que la situación económica podría afectar "incluso el correcto cumplimiento de sus funciones" en los próximos meses.
Este caso se suma a las preocupaciones sobre la gestión de recursos públicos en entidades estatales y pone en evidencia la necesidad de mayores controles en los procesos contractuales, especialmente en momentos de restricción presupuestal declarada.
