Cancillería e Imprenta defienden nuevo modelo de pasaportes en el Senado
Cancillería e Imprenta defienden nuevo modelo de pasaportes

En un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, la canciller Rosa Villavicencio y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, defendieron el nuevo modelo de pasaportes, ante cuestionamientos sobre la participación de Francia y la capacidad del Estado para asumir el servicio.

Declaraciones de la canciller

La ministra Villavicencio aseguró que actualmente hay un stock de 203.000 libretas, suficiente para garantizar la continuidad del servicio. Entre el 1 y el 26 de abril se han expedido un total de 132.699 documentos. La funcionaria afirmó que no hay evidencia para generar alarma social y que la fase 1 del convenio con Portugal avanza sin contratiempos.

Papel de Francia

Villavicencio no explicó el origen de las libretas, pero un informe de la Procuraduría reveló que cerca del 90% llegan desde Francia y solo el 10% desde Portugal, pese a que el convenio se firmó con la Casa de la Moneda de Portugal. Sin embargo, la participación francesa no es nueva: la Casa de la Moneda de Portugal actúa en consorcio con Imprimerie Nationale (IN Groupe), que adquirió Idemia Smart Identity, firma que ha brindado soporte tecnológico a la Registraduría por más de dos décadas.

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Respuesta de la Imprenta Nacional

La secretaria general de la Cancillería, Elvira Sanabria, reconoció dificultades operativas debido a la alta demanda, pero aseguró que no se ha suspendido la producción. La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, defendió la capacidad técnica de la entidad y señaló que el verdadero debate es sobre recuperar el control de la identidad de los ciudadanos. León afirmó que la Imprenta cuenta con capacidad suficiente y ya está personalizando pasaportes en alternancia con el anterior operador.

Críticas del senador Echeverry

El senador citante Nicolás Echeverry (Partido Conservador) criticó la falta de estructuración estable entre 2023 y 2026, el uso de urgencia manifiesta y la implementación de un modelo estatal sin capacidad instalada. Manifestó que hay riesgos constitucionales y de afectación al servicio, y pidió garantías para el futuro.

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