Ministro Benedetti cobra 120 millones tras batalla legal por sueldo retenido
El nombre de Armando Benedetti volvió a ser noticia esta semana, no por una declaración política, sino por una cifra que había permanecido en la sombra: su salario como ministro del Interior. La revelación ocurrió en medio de un prolongado conflicto administrativo que mantuvo al funcionario sin recibir su remuneración durante casi cuatro meses.
El origen del problema: la Lista Clinton
La situación se desencadenó el 20 de octubre de 2025, cuando Benedetti fue incluido en la lista de sanciones de Estados Unidos conocida como Lista Clinton, junto con el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos. Esta medida diplomática tuvo consecuencias financieras inmediatas para el ministro.
"A partir de ese momento, Benedetti quedó prácticamente excluido del sistema financiero colombiano", explicó una fuente cercana al caso. Su cuenta de nómina fue cancelada y se generó una situación sin precedentes: un ministro en ejercicio no podía recibir su salario.
La batalla legal por el salario
Frente a este escenario, Benedetti intentó diversas soluciones:
- Solicitó el pago mediante cheque, pero encontró resistencia incluso dentro de su propio ministerio
- En enero de 2026 interpuso una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales
- Un juez le dio la razón y ordenó el pago en 48 horas
Sin embargo, cuando recibió dos cheques por 97 millones y 22 millones de pesos respectivamente, el banco se negó nuevamente a hacerlos efectivos, citando las mismas sanciones internacionales.
La revelación salarial
Este proceso judicial permitió establecer que el monto total adeudado al ministro –incluyendo salarios, primas y viáticos– ascendía a aproximadamente 120 millones de pesos. Esto significa que su ingreso mensual como ministro del Interior ronda los 30 millones de pesos, una cifra que ha generado debate en medio de la controversia.
Finalmente, el Ministerio del Interior giró el dinero directamente, permitiendo que Benedetti recibiera los recursos acumulados. El caso evidenció no solo las dificultades administrativas derivadas de sanciones internacionales, sino también los mecanismos legales disponibles para proteger derechos laborales incluso en los más altos niveles del gobierno.
Implicaciones y preguntas pendientes
Este episodio deja varias interrogantes sobre la administración pública colombiana:
- ¿Cómo se manejarán los futuros pagos al ministro Benedetti?
- ¿Tendrá que recurrir mensualmente a la justicia para recibir su salario?
- ¿Qué protocolos establecerá el gobierno para funcionarios sancionados internacionalmente?
El caso del ministro Benedetti establece un precedente importante sobre la protección del derecho al salario, incluso cuando existen sanciones internacionales de por medio. La justicia colombiana ha dejado claro que el derecho al trabajo digno y al mínimo vital son fundamentales, independientemente de la posición política o las circunstancias internacionales del funcionario.
