Benedetti logra pago de cuatro meses de salario tras tutelas por inclusión en Lista Clinton
Benedetti recibe sueldo tras tutelas por Lista Clinton

Ministro del Interior recibe salario acumulado tras complejo proceso judicial

El ministro del Interior, Armando Benedetti, finalmente recibió el pago de cuatro meses de salario que le eran adeudados, luego de un complejo proceso que incluyó la presentación de dos acciones de tutela. La situación se originó tras su inclusión en la Lista Clinton, la medida de sanciones impuesta por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Un proceso sin precedentes en la función pública

A finales de febrero de 2026, Benedetti recibió aproximadamente 120 millones de pesos correspondientes a salarios, viáticos y primas acumuladas desde noviembre del año anterior. EL TIEMPO conoció en exclusiva los dos fallos judiciales que hicieron posible este desembolso, en un caso inédito en la historia reciente de la administración pública colombiana.

El origen del problema se remonta al 20 de octubre de 2025, cuando Benedetti, junto con el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro Burgos, fueron incluidos en la lista de sanciones estadounidenses. Esta decisión, tomada en medio de una crisis diplomática por los resultados de la política antidrogas, generó lo que se conoce como "muerte bancaria", cancelando todos los productos financieros del ministro, incluyendo su cuenta de nómina.

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La primera tutela: contra sus propios subalternos

El 18 de noviembre de 2025, Benedetti solicitó formalmente a la Secretaría General del Ministerio del Interior el pago de su salario mediante cheque. Sin embargo, tras más de dos meses de espera, los funcionarios encargados -sus propios subalternos- se negaron a firmar el documento, alegando "temores" por la inclusión del ministro en la Lista Clinton.

Ante esta negativa, el 23 de enero de 2026 el ministro radicó su primera acción de tutela, argumentando violación a sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo digno, dignidad humana e igualdad. "La negativa de pago se sustenta exclusivamente en una decisión extranjera sin efectos jurídicos automáticos en Colombia", alegó Benedetti en su demanda, destacando que esta postura desconocía principios de soberanía y legalidad.

Fallos judiciales favorables

El juez de tutela falló a favor del ministro, determinando que el Ministerio del Interior y el Comité Operativo de Seguridad del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda estaban vulnerando sus derechos fundamentales. La orden judicial exigía el desembolso en un plazo máximo de 48 horas.

Para cumplir con el fallo, el Ministerio del Interior emitió dos cheques a nombre de Benedetti los días 6 y 9 de febrero de 2026, por valores de 97 millones y 22 millones de pesos respectivamente. Sin embargo, el proceso no terminó allí.

Segunda tutela: contra la entidad bancaria

Cuando Benedetti intentó cambiar los cheques en la entidad bancaria correspondiente, el director administrativo, luego de consultar con los oficiales de cumplimiento y el área jurídica, también se negó a realizar el pago, citando nuevamente la inclusión en la Lista Clinton.

Ante esta segunda negativa, el ministro radicó el 13 de febrero una nueva acción de tutela, esta vez contra el banco. El 23 de febrero, otro juez falló a su favor, argumentando que "el pago oportuno e integral del salario no solo representa una contraprestación laboral, sino que se erige como una garantía instrumental para la subsistencia digna del trabajador y su núcleo familiar".

Un final con interrogantes pendientes

Finalmente, en este complejo viacrucis burocrático y judicial, el Ministerio del Interior realizó el pago directamente. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el giro del salario correspondiente a marzo y si, para cada mesada futura, será necesaria nueva mediación judicial.

Este caso establece un precedente significativo sobre cómo las sanciones internacionales afectan a funcionarios públicos colombianos y los mecanismos legales disponibles para garantizar sus derechos laborales, incluso cuando las instituciones estatales y financieras muestran resistencia por temor a implicaciones internacionales.

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