Exfuncionaria del Dapre expone graves acusaciones sobre el entorno presidencial
Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación en Colombia y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha revelado una intensa "lucha de poder" dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con acusaciones particularmente graves contra Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de las Juventudes.
Denuncia de irregularidades académicas desata conflicto
En entrevista con la revista Semana, Rodríguez afirmó que fue la primera persona en detectar y denunciar las inconsistencias en los certificados académicos de Juliana Guerrero. Según su testimonio, este hecho la convirtió en objetivo de lo que describe como "guerra fría" por parte de Guerrero, a quien califica como "una de mis peores enemigas".
"Ahí fue cuando salió todo el escándalo, pero entonces ahí es donde me gano la peor, una de mis peores enemigas que me ha hecho guerra fría todo este tiempo, esa señora Juliana Guerrero", explicó la funcionaria durante la entrevista que se conoció este martes 21 de abril.
Acusaciones de vínculos con el ELN y amedrentamiento
La revelación más impactante de Rodríguez gira en torno a supuestas conexiones entre Juliana Guerrero y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La gerente del Fondo de Adaptación aseguró haber escuchado directamente a Guerrero hablar de "misiones secretas" con esta organización guerrillera.
"Lo digo con conocimiento de causa, porque me pasó a mí. Más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Cualquier persona que la escuche, la gente siente miedo", puntualizó Rodríguez, añadiendo que "Juliana Guerrero amedrenta a las personas diciendo que ella tendría relaciones con el ELN".
Amenazas, extorsiones y falta de protección
La funcionaria detalló haber recibido constantes amenazas y extorsiones desde que comenzó a investigar las irregularidades en los nombramientos y hojas de vida durante su gestión en el Dapre. Reveló que incluso ha proporcionado a la Fiscalía chats que "la han mantenido en estado de pánico".
Según su testimonio, un presunto extorsionista le exigió una suma considerable de dinero para no divulgar información clave, advirtiéndole que todo llegaría a manos de Juliana Guerrero. Rodríguez sospecha que este individuo podría ser "alguien cercano al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)".
Lo más preocupante, según la denunciante, es que "al recibir estas amenazas se dio cuenta que no contaba con protección" por parte del Gobierno Nacional, a pesar de haber solicitado medidas para salvaguardar su vida.
La "guerra de poder y dinero" en la Casa de Nariño
Rodríguez sostiene que muchas de estas situaciones pasan desapercibidas debido a una intensa "guerra de poder" dentro del Gobierno Nacional. "Eso es lo que hay en la Casa de Nariño, personas interesadas en sacar dinero, protagonizar pujas por el poder y no les importa la gente", afirmó.
En su crítica más directa, señaló que "el chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno ejercida por algunos funcionarios y otros, como Juliana Guerrero, que no tienen ningún cargo, pero ella es la que maneja los hilos del poder en varias entidades. Es gravísimo".
La gerente del Fondo de Adaptación también mencionó que Guerrero "tiene el descaro de ir a las entidades a mandar y a decir a quién se contrata" y que existen denuncias conocidas por las autoridades sobre su presunta intención de "tomarse el Ministerio de la Igualdad".
Contexto de las revelaciones
Estas declaraciones se producen en medio de una investigación sobre irregularidades en certificados académicos que ha mantenido en el ojo público a Juliana Guerrero. Rodríguez insiste en que su denuncia inicial sobre estos documentos académicos fue el detonante de todo el conflicto posterior.
La entrevista, que ha generado amplia repercusión mediática, presenta un panorama interno del Gobierno Petro marcado por tensiones, acusaciones cruzadas y lo que Rodríguez describe como "guerra interna" entre facciones con diferentes intereses.
Mientras las autoridades continúan investigando las denuncias presentadas, estas revelaciones plantean serios cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de la administración presidencial y los mecanismos de control sobre funcionarios y allegados al poder.
