Gobierno ordena reducción progresiva de inversión exterior de AFP
En una decisión que modifica sustancialmente la política financiera del país, el Gobierno nacional ha decretado limitar la cantidad de dinero que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden invertir fuera de Colombia. A través del Decreto 0369 de 2026, se estableció un límite global de inversión en el exterior del 30%, con el objetivo explícito de movilizar el ahorro interno hacia proyectos que dinamicen la economía local.
Diagnóstico económico y transición gradual
La medida se fundamenta en un diagnóstico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que revela un desequilibrio preocupante en la economía colombiana: mientras la inversión en el país se aproxima al 20% del Producto Interno Bruto (PIB), el ahorro nacional apenas alcanza el 8%. Para cerrar esta brecha, el Ejecutivo busca redirigir los recursos de los afiliados, actualmente invertidos en mercados internacionales, hacia sectores estratégicos dentro del territorio nacional.
El decreto establece una transición progresiva de cinco años para que las AFP ajusten sus portafolios de inversión:
- Durante los tres primeros años, las administradoras deberán reducir su exposición externa al 35%.
- Al completar los cinco años, se deberá alcanzar el límite definitivo del 30%.
Mecanismos de implementación y supervisión
El documento gubernamental exige que las AFP, dentro de los próximos seis meses desde la entrada en vigencia del límite global, remitan a la Superintendencia Financiera un plan de ajuste informativo que detalle la implementación gradual de esta reducción. Además, se decretó que la totalidad de los flujos provenientes de nuevas cotizaciones se destinará exclusivamente a inversiones nacionales hasta cumplir con el porcentaje establecido.
Para facilitar este proceso, el Ministerio de Hacienda liderará la creación de un banco de proyectos de inversión que identificará y divulgará iniciativas públicas y privadas compatibles con los requisitos de seguridad, rentabilidad y liquidez que exige la Ley 100 para los recursos de los trabajadores.
Posición crítica del sector privado
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, presentó un ejercicio contrafactual que ilustra las posibles consecuencias de esta medida. Según sus cálculos, $1 millón invertido en 2011 con diversificación internacional hoy valdría aproximadamente $3,23 millones, con un retorno promedio del 8,5% y riesgo bajo. En contraste, si ese mismo recurso se hubiera invertido exclusivamente en activos locales, su valor actual sería de aproximadamente $1,67 millones, con un retorno del 3,8% y el doble de riesgo.
Velasco advirtió sobre los riesgos específicos de una repatriación forzada:
- Venta apresurada de activos rentables en el exterior, probablemente a precios reducidos.
- Presión sobre la tasa de cambio que generaría una revaluación del peso colombiano.
- Dificultad para encontrar alternativas de inversión atractivas en el mercado local, donde la oferta de activos es limitada y los precios relativamente elevados.
Impacto sobre los ahorros pensionales
El directivo subrayó que los principales afectados por esta medida no serían las administradoras de fondos, sino los trabajadores colombianos y sus ahorros pensionales. "Aquí quienes pierden son los trabajadores colombianos y su ahorro pensional. Esto reduce la capacidad de inversión futura del país y aumenta el pasivo pensional", afirmó Velasco, añadiendo que "las pérdidas recaen directamente sobre los ahorros de los trabajadores".
Actualmente, los fondos de pensiones administran cerca de $500 billones, de los cuales aproximadamente $250 billones están invertidos en el exterior. Frente a versiones que hablan de una eventual repatriación de hasta $120 billones, Velasco señaló que se trata de cifras especulativas y advirtió sobre la fragilidad de la inversión local, donde el año pasado hubo cerca de $11 billones en recursos comprometidos que no fueron utilizados por los inversionistas.
