La preocupación presidencial por el fraude electoral y la autonomía institucional
Resulta tranquilizador que el jefe del Gobierno muestre preocupación ante la posibilidad de fraude en las elecciones, pues esto confirma que el poder Ejecutivo no controla la organización electoral. Esta última no constituye un cuarto poder del Estado, sino una institución autónoma e independiente del Gobierno.
El deber de apoyo y colaboración
Es positivo que el presidente se preocupe por la legalidad de los comicios, ya que le compete el deber de apoyo y colaboración con la Organización Electoral. Esta entidad está compuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ejerce funciones de regulación, inspección, vigilancia y control de la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar las elecciones y de los procesos de identificación ciudadana.
La alarma sin fundamento
Sin embargo, la alarma que la Presidencia está disparando diariamente desde múltiples escenarios sobre un posible fraude, sin haber exhibido una sola prueba de sus afirmaciones, indica que no existen razones concretas para desconfiar de las mismas instituciones y procesos que llevaron al actual presidente al máximo cargo electoral al que puede aspirar un colombiano. Por lo tanto, es inevitable inferir que esta conducta solo se explica si la intención real es suscitar un clima de descrédito frente a lo que podrían ser resultados adversos en las elecciones de 2026.
Dudar, por ejemplo, de los espacios en blanco en los formularios E-14 para las elecciones del próximo 8 de marzo, cuando se trata de un procedimiento de uso tradicional, resulta sospechoso y carente de fundamento técnico.
Transparencia y trazabilidad del sistema
No en vano el jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia manifestó que el sistema electoral colombiano está basado en la transparencia, la apertura y la trazabilidad. Esto se debe a que, independientemente del software y sistemas de comunicación, las elecciones se desarrollan en un contexto de apertura donde los ciudadanos son testigos directos de cómo van sucediéndose las operaciones, y los partidos tienen acceso a todas las mesas electorales a través de sus testigos, nombrados por ellos mismos.
Responsabilidad compartida
De conformidad con la Constitución y la ley, el registrador y el presidente son los principales responsables de las elecciones, razón por la que están obligados a actuar armónicamente para garantizar que el procesamiento, la transmisión, la digitalización y el escrutinio sean impecables. Este deber no implica el de enrarecer el clima político o de construir escenarios de desconfianza entre los gobernados; es, más bien, concordar con los organismos electorales en llevar adelante las mejores elecciones posibles.
Propuesta institucional
Por eso, resulta adecuada la propuesta del procurador en cuanto a la conveniencia de la reunión entre las autoridades electorales y la Contraloría General, para que se informe al país sobre la realidad del desarrollo de las votaciones. Sería beneficioso que esta reunión incluyera también a la Fiscalía General de la Nación, fortaleciendo así la transparencia y la confianza en el proceso democrático.
La coordinación entre todas las entidades del Estado es fundamental para preservar la integridad electoral y mantener la fe pública en las instituciones democráticas, especialmente en momentos donde se anticipan contiendas electorales cruciales para el futuro del país.
