Defensoría del Pueblo denuncia presiones de grupos ilegales a campañas políticas en Bogotá
La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un preocupante informe que revela la creciente influencia de grupos criminales en el proceso electoral de la capital colombiana. Durante la exposición del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, Marín detalló cómo organizaciones ilegales están ejerciendo presión directa sobre candidaturas y campañas políticas en zonas específicas de Bogotá.
Consolidación criminal en el centro de la capital
Según la defensora, dos de los grupos más peligrosos del país han logrado establecerse firmemente en localidades estratégicas del centro bogotano. "El Clan del Golfo y el Tren de Aragua se consolidaron en las localidades de Los Mártires y Santa Fe", afirmó Marín, señalando que estas zonas se han convertido en escenario de una disputa territorial entre las organizaciones criminales.
La situación en estas localidades se caracteriza por:
- Uso de artefactos explosivos como método de intimidación
- Extorsión sistemática a negocios locales
- Exacción de recursos económicos a comerciantes
- Marcación de fachadas como señal de control territorial
Intimidación directa a campañas políticas
Lo más alarmante, según la Defensoría, es que estas organizaciones han comenzado a dirigir sus acciones específicamente contra campañas políticas. "Han intimidado campañas de sectores alternativos", reveló Marín, destacando que la presión se concentra actualmente en candidaturas que representan opciones políticas distintas a los grupos establecidos.
La defensora fue enfática al señalar que "en este momento únicamente es Clan del Golfo y Tren de Aragua el que tenemos una incidencia directa en el proceso electoral", indicando que estas dos organizaciones representan la mayor amenaza para la democracia electoral en estas zonas de Bogotá.
Implicaciones para la seguridad electoral
Esta situación plantea serios desafíos para la transparencia y libertad de las próximas elecciones en la capital. La presencia activa de grupos armados en procesos políticos podría:
- Limitar la participación de candidatos independientes
- Distorsionar la voluntad popular mediante coacción
- Crear zonas de exclusión política controladas por criminales
- Poner en riesgo la seguridad de activistas y candidatos
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan las medidas de protección en estas localidades y garanticen que todos los colombianos puedan ejercer sus derechos políticos sin temor a represalias de grupos ilegales.
