Centro Democrático solicita monitoreo internacional para comicios presidenciales
El partido político Centro Democrático ha presentado formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un documento exhaustivo en el que advierte sobre múltiples amenazas que podrían comprometer la integridad de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el 31 de mayo de 2026.
Denuncias específicas sobre riesgos electorales
Según el informe radicado por los congresistas María Angélica Guerra, José Jaime Uscátegui y Marelén Castillo, existen factores convergentes que representan un peligro significativo para el proceso democrático:
- Violencia política dirigida específicamente contra miembros de la oposición
- Control territorial ejercido por grupos armados ilegales en al menos 339 municipios
- Campañas de desinformación digital sistemáticas
- Uso indebido de recursos públicos para influir en la opinión ciudadana
El documento, elaborado con el respaldo técnico de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados y la Fundación Derechos y Justicia Asociados, describe un "escenario marcado por la convergencia de violencia política, control territorial de grupos armados ilegales, economías ilícitas y desinformación".
Cifras alarmantes de violencia contra la oposición
Entre los datos más preocupantes presentados en el informe se destacan:
- 17 homicidios contra miembros de la oposición entre diciembre de 2025 y febrero de 2026
- 53 intentos de asesinato documentados en el mismo período
- 89 amenazas registradas contra candidatos y congresistas
- 174 violaciones de derechos humanos con fines electorales en los primeros ocho meses de 2025
El partido subrayó como hechos particularmente graves el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, y las amenazas recientes contra la candidata presidencial Paloma Valencia.
Preocupación por control territorial ilegal
El informe señala una "preocupante correlación" en 126 municipios afectados directamente por el conflicto armado, donde según el Centro Democrático se concentra más del 54% de la votación del Pacto Histórico. Esta concentración, según el partido opositor, podría evidenciar la incidencia del control territorial ilegal en los resultados políticos.
Los grupos armados mencionados específicamente en el documento incluyen las disidencias de las FARC, el ELN y las AGC, cuya presencia según el informe afecta significativamente las condiciones para una competencia electoral libre y transparente.
Llamado a la comunidad internacional
Ante la falta de una respuesta institucional concreta a las denuncias presentadas previamente, el Centro Democrático ha hecho un llamado explícito a la comunidad internacional para que implemente mecanismos de vigilancia y seguimiento del proceso electoral colombiano.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, ha respaldado parcialmente estas preocupaciones al alertar sobre el impacto negativo del mal uso de las redes sociales en el proceso electoral, aunque sin referirse específicamente a las acusaciones del partido opositor.
El Centro Democrático mantiene que existe un "riesgo extremo" de fraude electoral y que la violencia ha "aumentado significativamente de cara a 2026", por lo que considera indispensable la intervención de organismos internacionales para garantizar la transparencia democrática.
