Denuncia internacional por crisis democrática en Colombia
Una comitiva del partido Centro Democrático se encuentra en Washington D.C. desarrollando una agenda internacional para denunciar lo que califican como una grave crisis de seguridad y de garantías democráticas en Colombia, con especial atención a las amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia y la oposición en general.
Presentación ante organismos internacionales
La delegación, integrada por los congresistas José Jaime Uscátegui y María Angélica Guerra, junto con Marelen Castillo y el abogado Víctor Mosquera, se ha presentado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según fuentes cercanas a la comitiva, también mantendrán reuniones con el congresista estadounidense Bernie Moreno en los próximos días.
En su esfuerzo por alertar sobre lo que consideran amenazas a la democracia colombiana, han solicitado audiencias adicionales ante:
- El Congreso de Estados Unidos
- El Departamento de Estado
- El Departamento de Justicia
Control territorial y condicionamiento del voto
En el documento presentado ante la CIDH, la delegación advirtió sobre posibles condicionamientos al voto en territorios con presencia de grupos armados y economías ilícitas. El informe detalla que "en los 126 municipios examinados se concentraron 2'423.844 votos, equivalentes al 54,9% de la votación total nacional de esa fuerza política".
Los territorios con mayor preocupación incluyen departamentos como:
- Cauca
- Nariño
- Putumayo
- Caquetá
- Meta
- Norte de Santander
El texto cuestiona decisiones adoptadas en el marco de la política de 'paz total', como la suspensión de órdenes de captura y la excarcelación de líderes de organizaciones armadas en momentos cercanos a procesos electorales, medidas que -según el partido- podrían facilitar presiones sobre el electorado.
Cifras alarmantes de violencia política
En materia de seguridad, la comitiva citó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE) que evidencian un aumento significativo de municipios en riesgo extremo por fraude y violencia:
- Pasaron de 49 en 2022 a 81 en 2026
- 339 municipios bajo amenaza de violencia política
También mencionaron datos de la Defensoría del Pueblo sobre violaciones a los derechos humanos con fines electorales y el asesinato de líderes políticos en los últimos años, destacando el caso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay como uno de los hechos más críticos.
Desigualdad en acceso a medios y campañas digitales
Adicionalmente, denunciaron un desequilibrio en el acceso a medios de comunicación entre el Gobierno y la oposición. Señalaron que, pese a lo establecido en la Ley 1909 de 2018 y a fallos de la Corte Constitucional, no se han garantizado los espacios en radio y televisión para los partidos opositores.
Esta situación llevó al Centro Democrático a interponer una tutela. Aunque la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-347 de 2023 y el Auto 601 de 2025, ordenó garantizar estos espacios, persiste el incumplimiento según la denuncia.
El documento presentado ante la CIDH advierte sobre el uso de redes sociales y "comportamiento inauténtico coordinado" para amplificar discursos de odio y hostigar a líderes como Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay. También denuncia estrategias como "bodegas" digitales y supuesto financiamiento a influenciadores desde entidades públicas como el Dapre o RTVC para promover propaganda contra la oposición.
Advertencia sobre legitimidad electoral
El texto sostiene que la retórica oficial en Colombia se ha convertido en un factor de estigmatización, promoviendo ataques contra prensa y oposición. Según el informe, en 2023, funcionarios públicos habrían sido responsables del 27% de las agresiones a periodistas, basándose en un reporte de la Flip.
El documento añade que el presidente Gustavo Petro habría debilitado la confianza en las instituciones electorales al advertir sobre fraude. En conjunto, estas prácticas -según el Centro Democrático- distorsionan la información, afectan la equidad democrática y podrían derivar en una crisis de legitimidad electoral y mayor violencia política en 2026.
"La situación actual impide una competencia política equilibrada y distorsiona la libre formación de la voluntad ciudadana", concluye el documento, advirtiendo que, sin medidas de fondo, los comicios de 2026 podrían no reflejar de manera auténtica la voluntad democrática.
