Graves intimidaciones empañan la campaña presidencial de 2026
El escenario electoral colombiano se ha visto sacudido por denuncias de graves actos de intimidación contra la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático en la Gran Consulta por Colombia. Los hechos, que incluyen una amenaza de muerte difundida en plataformas digitales y la vandalización de una sede política, han generado pronunciamientos de diversos sectores institucionales y políticos, poniendo en evidencia la tensión que rodea el proceso electoral.
Amenaza fúnebre circula en redes sociales
La alerta se activó tras la circulación de un montaje fotográfico en la red social TikTok, el cual fue posteriormente eliminado por el usuario, aunque capturas de pantalla de la publicación continúan replicándose. La imagen, de estética fúnebre, presenta una fotografía en blanco y negro de la aspirante junto a la inscripción "1978-2026" y el mensaje "Descanse en paz", acompañado de una corona floral que simula un funeral.
Desde el Centro Democrático calificaron la publicación como una "infamia" que degrada el debate público y representa una grave amenaza contra la integridad de la candidata. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la responsabilidad de las redes sociales en la difusión de este tipo de contenidos y pidió protección para Valencia, manifestando en su cuenta de Twitter: "Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. Por qué hay redes que se prestan para esto?"
Ataque vandálico en sede de campaña en Bucaramanga
De forma paralela, se reportó el ingreso de personas desconocidas a una de las sedes de la colectividad ubicada en el barrio Antonio Santos, en Bucaramanga. Según las denuncias presentadas por el representante Óscar Villamizar y el dirigente Jonathan Pineda, el inmueble sufrió daños en su infraestructura y fue marcado con grafitis en paredes y accesos, evidenciando un patrón de intimidación que trasciende el ámbito digital.
Ante estos hechos, la candidata Valencia manifestó su inconformidad con las garantías brindadas por el actual Gobierno, asegurando que estas se concentran principalmente en el sector oficialista, dejando en desventaja a los candidatos de oposición que enfrentan este tipo de agresiones.
Reacciones institucionales y condenas unánimes
El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó de forma categórica tanto las amenazas como el vandalismo. El funcionario sostuvo que se han dispuesto medidas de seguridad anticipadas y sin sesgos políticos para los candidatos de la oposición, garantizando que las investigaciones avanzarán con celeridad.
Asimismo, el procurador General, Gregorio Eljach, condenó los actos de hostigamiento y subrayó la necesidad de garantizar el ejercicio democrático y la integridad de los actores políticos en el actual contexto electoral. Las autoridades ya han recibido las denuncias correspondientes para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el origen de los ataques.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) también se pronunció a través de su presidenta, Maria Claudia Lacouture, quien expresó: "Toda mi solidaridad con Paloma Valencia. Lo ocurrido es cobarde, inaceptable y profundamente antidemocrático. Colombia no puede normalizar amenazas contra quienes ejercen su derecho a hacer campaña. Garantías plenas, protección efectiva y rechazo total a cualquier intento de intimidación".
Preocupación por el clima electoral
Estos incidentes han generado preocupación sobre el clima de seguridad en el que se desarrolla la campaña presidencial de 2026, especialmente para candidatos de oposición que denuncian falta de garantías. La combinación de amenazas digitales con ataques físicos a infraestructura política representa un desafío significativo para las autoridades electorales y de seguridad.
Las investigaciones ya están en curso para identificar a los responsables tanto de la publicación en redes sociales como del ataque a la sede en Bucaramanga, mientras la clase política colombiana muestra una rara unanimidad en condenar estos actos que atentan contra la democracia y la libre participación política.
