Amenazas contra candidata presidencial reavivan debate sobre seguridad electoral
El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos para quienes entreguen información que permita prevenir ataques contra candidatos presidenciales, medida que surge tras las denuncias de amenazas de muerte contra la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, y la vandalización de su sede de campaña en Bucaramanga.
Denuncias que reactivan el debate sobre garantías
El expresidente Álvaro Uribe fue quien dio a conocer inicialmente las amenazas contra Valencia, cuya fotografía comenzó a circular en redes sociales junto a una corona fúnebre que indicaba su año de nacimiento y el 2026. Una imagen similar, pero del candidato Abelardo de la Espriella, también se compartió en plataformas digitales, generando alerta en el entorno político.
"Está demostrado que no hay garantías suficientes para la oposición en este proceso electoral. Las únicas garantías parecen estar siendo ofrecidas al candidato del gobierno", declaró Valencia mediante un comunicado oficial, donde hizo un llamado a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas para rechazar de manera unánime la violencia.
Respuestas institucionales y rechazos cruzados
El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que desde el Gobierno Nacional se han brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Sin embargo, anunció que se reforzará el esquema de seguridad de la senadora Valencia como medida preventiva adicional.
Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, rechazó categóricamente las amenazas contra su adversaria política: "Condeno toda forma de violencia política o agresión contra mis adversarios. Llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política", expresó a través de la red social X.
Antecedentes preocupantes en materia de seguridad
La seguridad electoral no es un tema nuevo en las preocupaciones del Centro Democrático. En febrero pasado, Valencia ya había alertado sobre riesgos contra su integridad cuando una mujer armada fue capturada por la Policía durante un evento de campaña en Honda, Tolima. La candidata también ha advertido que existen territorios, como el departamento del Cauca, a los que no podría acceder para realizar actividades proselitistas debido a la presencia de vallas amenazantes atribuidas a estructuras criminales.
El debate sobre seguridad se extiende más allá del caso específico de Valencia. Durante la campaña por el Congreso, la actual fórmula vicepresidencial de Cepeda, Aída Quilcué, fue secuestrada en el Cauca y rescatada gracias a la intervención de las Fuerzas Militares y la Guardia Indígena. Días antes, en Arauca, el ELN atacó el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, provocando la muerte de dos de sus escoltas.
Preocupaciones sobre el proceso electoral
El senador liberal Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de Valencia, señaló que las amenazas también alcanzaron al abogado Abelardo de la Espriella: "La misma página que amenaza de muerte a Paloma Valencia ahora arremete también contra Abelardo de la Espriella. Hoy Colombia cosecha las consecuencias de una política de 'paz total' que solo ha servido para envalentonar a los criminales", afirmó el legislador.
A pocos días de las elecciones presidenciales, los candidatos hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Ministerio de Defensa para que se blinde completamente el proceso electoral y se garantice la seguridad de los trece competidores que participan en este certamen democrático. La sombra del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay sigue presente en las demandas de garantías por parte de la colectividad opositora.
La situación ha puesto en evidencia las tensiones y desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad política, especialmente en un contexto electoral marcado por polarización y la presencia de grupos armados en diversas regiones del país. La respuesta institucional, incluyendo la recompensa anunciada y el reforzamiento de esquemas de seguridad, busca contener una escalada de violencia que podría afectar la normalidad democrática.
