Defensoría del Pueblo advierte sobre grave riesgo electoral en 69 municipios colombianos
Con las elecciones acercándose en Colombia, la preocupación por las garantías de seguridad en diversas regiones del país aumenta significativamente. Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo revela una situación alarmante: 69 municipios se encuentran actualmente en riesgo inmediato, requiriendo intervención urgente del Estado para asegurar condiciones democráticas adecuadas.
Control territorial de grupos armados ilegales
El escenario de riesgo persiste principalmente debido al control territorial ejercido por grupos armados ilegales, quienes según el informe "suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en diversas regiones del país". La Defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Especial Electoral 2025-2026, cuyo objetivo es actualizar los riesgos que afectan el libre ejercicio electoral.
El mapa de riesgo electoral se distribuye de la siguiente manera:
- 69 municipios en riesgo inmediato
- 168 municipios que necesitan intervención urgente
- 433 municipios priorizados
- 257 municipios en acciones normales
La entidad aclara que la preocupación principal no radica en la eventual cancelación de las elecciones, sino en las condiciones reales de libertad para ejercer el voto en territorios donde persiste la influencia armada.
Regiones más afectadas por el control armado
El informe identifica varias macrorregiones como zonas críticas donde el control de actores armados afecta directamente el desarrollo de campañas políticas y la libre participación ciudadana:
- Región Caribe: Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia
- Noroccidente: Antioquia, Córdoba y Chocó
- Suroccidente: Valle del Cauca, Cauca y Nariño
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al advertir sobre la gravedad del panorama: "El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados". La funcionaria subrayó que el problema central es la presión silenciosa que limita la libertad de las comunidades.
Amenazas específicas contra candidatos y campañas
En cuanto a los riesgos que enfrentan los aspirantes políticos, la Defensoría alertó sobre múltiples amenazas:
- Homicidios selectivos
- Amenazas sistemáticas
- Estigmatización
- Restricciones a la movilidad
- Prohibiciones para realizar campañas políticas
Marín explicó situaciones concretas: "Hemos visto vallas en algunos territorios del país; en Cauca, por ejemplo, donde aparece la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de derecha o de oposición al gobierno actual, en las que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio".
Sobre quienes aspiran en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la entidad alertó que varios candidatos han tenido que someterse a "permisos" para movilizarse, han visto reguladas sus actividades proselitistas en zonas rurales y, en algunos casos, han recibido vetos directos. Las mujeres candidatas también han resultado particularmente afectadas por este contexto de presión territorial.
457 amenazas de muerte registradas
Finalmente, la Defensoría informó sobre 457 casos de amenazas de muerte contra lideresas, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos. La mayor gravedad de estas amenazas se concentra en los departamentos de:
- Santander
- Guainía
- Nariño
- Sucre
- Antioquia
- Magdalena
El informe concluye que, aunque las elecciones podrían realizarse formalmente, el verdadero desafío está en garantizar que el voto sea libre y sin coacciones en los territorios donde persiste la influencia armada, especialmente considerando que las votaciones están programadas para el 8 de marzo.
