Violencia persiste en Colombia pese a esfuerzos de paz, según Amnistía Internacional
A pesar de los intentos del gobierno de Gustavo Petro por avanzar en las negociaciones de paz total, la violencia continúa golpeando a las comunidades con constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Esto ocurre en medio de un aumento de las disputas por el control territorial y la fragmentación de los grupos armados, según alerta el más reciente informe sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo de Amnistía Internacional.
Incremento en zonas de disputa y ataques a población civil
El documento hace un recuento de cifras que soportan esta preocupante realidad. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el mandato de Petro se duplicaron las zonas en disputa entre los grupos armados, alcanzando un total de 14 áreas. Este aumento se reflejó directamente en los ataques contra la población civil. Las cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indican que solo en 2025 hubo 2.794 hechos de violencia en el país, de los cuales 1.390 afectaron directamente a las comunidades.
Según la OCHA, durante 2025, al menos 7.728 personas se vieron afectadas o fueron víctimas por diferentes artefactos explosivos. Asimismo, diversos grupos armados incrementaron el uso de drones para realizar ataques con explosivos, añade el informe.
Comunidades afro, indígenas y campesinas son las más afectadas
La Amnistía Internacional advierte que, dentro de la población civil, los grupos más afectados de forma desproporcionada fueron las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Por ejemplo, el 90% de las víctimas de desplazamientos era campesina, según CODHES, mientras que el otro 10% correspondía a poblaciones afro e indígenas. Los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40% de las víctimas, señala el documento.
Esta lógica del confinamiento se refleja principalmente en Chocó, el departamento más impactado por este tipo de violencia en el último año. En ese territorio, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) denunció la persistencia del control armado ejercido por el Clan del Golfo, debilitando los procesos organizativos de las comunidades que habitan la región históricamente.
Defensores de derechos humanos enfrentan riesgos crecientes
Otra conclusión clave del informe es que defender los derechos humanos continúa siendo una labor sumamente arriesgada y estigmatizada en Colombia. El Programa Somos Defensores registró 509 agresiones contra este tipo de liderazgo entre enero y septiembre de 2025. Aunque se observó una reducción del 25% en comparación con el mismo periodo de 2024, se preveía que 2025 superaría a los dos años anteriores en número total de ataques.
El aumento de la violencia se ha dado en un ambiente cada vez más estigmatizante, incluso desde el propio Gobierno Nacional. En marzo, el presidente Petro declaró que las organizaciones de la sociedad civil de la región del Catatumbo estaban subordinadas a los grupos armados, y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase, destaca Amnistía Internacional.
La estigmatización también ha provenido de los grupos armados. En septiembre de 2025, el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba, estigmatizó públicamente al Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), generando preocupación sobre su situación de riesgo.
Desaparición forzada: avances y retos persistentes
El informe advierte que la desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más persistentes en el país. Entre enero y mayo de 2025, el CICR documentó 136 casos nuevos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados, incluyendo 26 niños, niñas o adolescentes.
Sin embargo, también se registran avances significativos. Entre enero y septiembre, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas encontró a 111 personas con vida, recuperó 1.161 cuerpos y realizó 166 actos de entrega digna. En materia institucional, el informe resalta un hito sin precedentes: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctima a Yanette Bautista y reconoció su labor como mujer buscadora de víctimas de desaparición forzada.
No obstante, persisten retos, como los tiempos rezagados en la reglamentación de la Ley de Mujeres Buscadoras, aunque el decreto correspondiente se firmó finalmente en enero de este año, quedando el desafío en su implementación.
Avances y tensiones en la justicia transicional
El informe también pone el foco en los avances del sistema de justicia transicional, especialmente en la JEP, que en 2025 emitió sus primeras sentencias contra exintegrantes de las antiguas FARC por secuestro y contra miembros de la Fuerza Pública por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (falsos positivos). Estos fallos marcan un hito a nivel mundial, pero abrieron interrogantes sobre su implementación, con alertas sobre deficiencias en la financiación y puesta en marcha de la infraestructura requerida.
Además, se suman cuestionamientos sobre el alcance de las penas, criticadas por su falta de claridad en la ejecución. El documento destaca avances en el reconocimiento a las víctimas, como el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó después de más de veinte años de litigio. Sin embargo, persisten tensiones institucionales, con disputas continuas entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria en investigaciones relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos.
