ONU documenta crisis persistente de violencia contra defensores de derechos humanos
Un informe revelador de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas expone la magnitud de la violencia sistemática contra quienes defienden los derechos fundamentales en el territorio nacional. El documento, presentado este jueves, traza un mapa detallado de una tragedia que se repite en 184 municipios del país y que el Estado no ha logrado revertir durante cuatro años consecutivos de seguimiento.
Las cifras alarmantes de una violencia geográficamente concentrada
El organismo internacional contabilizó al menos 410 defensores asesinados entre enero de 2022 y diciembre de 2025, distribuidos en 28 de los 32 departamentos del territorio colombiano. La mayoría de estos crímenes ocurrieron durante el mandato del presidente Gustavo Petro, evidenciando la persistencia del problema a pesar de los cambios gubernamentales.
Lo más revelador de estas estadísticas es su concentración geográfica: el 76% de los casos se produjo en apenas diez departamentos, lo que demuestra que la violencia contra líderes sociales tiene patrones estructurales claramente vinculados al control territorial de economías ilegales. Esta distribución coincide con zonas de disputa entre grupos armados por el dominio de cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico y corredores estratégicos hacia las fronteras.
El Cauca: epicentro de una violencia que no cesa
El departamento del Cauca encabeza esta trágica lista con 84 víctimas, seguido por Valle del Cauca con 37 casos. Nariño y Arauca registraron 36 homicidios cada uno, mientras que Putumayo reportó 34. Norte de Santander sumó 21, Antioquia 19, Bolívar 15, y Chocó y Guaviare, 14 cada uno.
El perfil de las víctimas muestra quiénes son los más afectados por esta violencia:
- 354 hombres
- 49 mujeres
- 7 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+
Desde la perspectiva étnica, el informe revela que:
- 171 eran campesinos
- 94 indígenas
- 43 afrodescendientes
Estos sectores históricamente más expuestos continúan siendo los principales objetivos de actores armados que disputan el dominio sobre sus territorios.
Un Estado fragmentado frente a la protección ciudadana
Los grupos armados no estatales fueron señalados como presuntos responsables del 73% de los homicidios, seguidos por organizaciones criminales con el 8% y por particulares con el 4% restante. En 296 de los casos, la ONU estableció que uno de estos grupos pudo haber ordenado y ejecutado el crimen como parte de una estrategia deliberada para ejercer control social y territorial.
Más allá de los homicidios, el organismo documentó 2.018 casos de amenazas y ataques en el mismo periodo. El 63% correspondió a amenazas directas, el 5% a intentos de homicidio y el 4% a secuestros. Sin embargo, la entidad advirtió que estas cifras representan solo una fracción de la realidad, dado el alto nivel de subregistro que persiste ante la ausencia de un sistema unificado de información estatal.
Respuestas estatales fragmentadas y desarticuladas
"El Estado en su conjunto no ha logrado revertir las tendencias y patrones de violencia", señala el informe de manera contundente. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la falta de políticas efectivas no ha permitido ejercer la defensa de los derechos humanos por parte de líderes en todo el país.
Si bien el informe reconoció que el Gobierno nacional trató de priorizar el problema en su agenda y promovió acciones de prevención, la valoración general del organismo fue clara: las respuestas del Estado continúan siendo fragmentadas y desarticuladas entre sí. Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, según señaló la ONU, no logran traducirse en acciones operativas suficientes sobre el terreno, y el nivel municipal sigue siendo el eslabón más frágil de todo el sistema de garantías.
Un documento que llega en momento crucial
El informe de Naciones Unidas se presenta en un momento en que el país debate el alcance del proceso de paz total y la efectividad de las políticas de seguridad humana en los territorios más apartados. Para los defensores que trabajan en esas regiones, este documento es tanto un testimonio de lo que han vivido como una advertencia sobre lo que puede seguir ocurriendo si las instituciones no logran articularse de manera efectiva en favor de quienes arriesgan sus vidas por los derechos de sus comunidades.
La persistencia de esta violencia sistemática plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad del Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos más vulnerables y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
