Amnistía Internacional denuncia que represión estatal persiste en Venezuela tras caída de Maduro
La organización Amnistía Internacional presentó este martes en Bogotá su informe anual, donde alertó que el sistema de represión estatal en Venezuela no ha sido desmontado a pesar del cambio político ocurrido tras la captura de Nicolás Maduro. Según el documento, persisten prácticas de persecución política bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, lo que evidencia la continuidad del aparato represivo.
Ley de amnistía con aplicación discrecional
Valentina Ballesta, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, explicó que el "aparato represivo sigue totalmente vigente", pese a las medidas adoptadas tras el derrocamiento de Maduro el pasado 3 de enero. La administración de Rodríguez, bajo presión de Washington, impulsó la aprobación de una ley de amnistía destinada a liberar a presos políticos, pero su aplicación ha sido cuestionada.
Desde la implementación de esta normativa en febrero de 2026, cerca de 700 personas fueron excarceladas, incluyendo dirigentes opositores. Sin embargo, organizaciones como Foro Penal estiman que alrededor de 500 personas continúan detenidas por razones políticas. Datos recientes de Amnistía Internacional apuntan en la misma dirección: al menos 485 personas siguen privadas de libertad de manera arbitraria.
Falta de políticas para desmantelar estructuras represivas
Ballesta cuestionó severamente la ausencia de una política clara para desmontar las estructuras de represión. "No ha habido ningún mecanismo, ninguna política adoptada por el gobierno de Delcy Rodríguez en torno al desmantelamiento real de la política represiva", afirmó durante la presentación del informe. La experta señaló que la amnistía se está aplicando de manera discrecional, permitiendo al gobierno decidir quién recupera la libertad y quién permanece detenido.
La normativa no opera de forma automática: cada caso debe ser tramitado ante los tribunales, lo que ralentiza significativamente su implementación y genera críticas de organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con cifras oficiales, más de 8.000 personas solicitaron o recibieron beneficios bajo esta ley, pero el proceso ha sido marcado por la selectividad.
Limitaciones estructurales de la legislación
Aunque el gobierno interino presentó la medida como un gesto de "reconciliación nacional", diversos informes coinciden en que su alcance es considerablemente limitado. La legislación excluye ciertos delitos y no contempla reparaciones para las víctimas ni reformas estructurales del sistema judicial, aspectos señalados como clave para superar la profunda crisis de derechos humanos que afecta al país.
En paralelo, decisiones anunciadas como el cierre del centro de detención de El Helicoide -símbolo emblemático de la represión en Venezuela- no se han materializado plenamente, manteniendo activos espacios asociados a violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Deterioro global de derechos humanos
El informe anual de Amnistía Internacional describe, además, un deterioro generalizado de los derechos humanos a nivel global, con Venezuela como uno de los casos donde la represión persiste pese a transformaciones políticas recientes. La organización advierte que las detenciones arbitrarias y otras prácticas restrictivas continúan incluso tras la salida de Nicolás Maduro del poder, evidenciando la resiliencia de estructuras estatales represivas.
El documento subraya la necesidad de implementar reformas profundas en el sistema judicial y de seguridad venezolano para garantizar una transición democrática genuina que respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
