La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido medidas cautelares para proteger, durante al menos un año, el lugar que hoy ocupa la Escuela de Logística del Ejército en Bogotá, conocido anteriormente como el Batallón Charry Solano. Esta decisión busca preservar el sitio debido a su presunta vinculación con violaciones a derechos humanos cometidas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Contexto de la solicitud
La investigadora Helena Urán Bidegain solicitó ampliar las medidas cautelares que ya había ordenado la JEP para incluir este batallón, señalado como escenario de desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia en medio de la violencia de esa época. La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad determinó que el lugar debe ser preservado para investigar tanto los hechos del Palacio de Justicia como otros episodios violentos.
Patrón sistemático de violencia
Según el documento de la JEP, las violaciones a derechos humanos en esa unidad militar no se limitan a los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que indican un patrón sistemático de comportamiento que abarca diferentes periodos. Los magistrados señalaron que existen elementos que vinculan al Batallón Charry Solano con posibles patrones de violencia en los macrocasos 06 y 08, relacionados con crímenes contra la Unión Patriótica (UP).
Otros hechos investigados
Además de los crímenes del Palacio de Justicia, la JEP mencionó atentados con explosivos contra la revista Alternativa y los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria, en los que presuntamente intervino personal de inteligencia del batallón. También se consideró el testimonio de José Leonairo Dorado Gaviria, exintegrante de inteligencia militar, quien detalló prácticas internas, y el caso de Irma Franco, exguerrillera del M-19 que habría salido con vida del Palacio de Justicia y luego fue vista en el batallón.
Testimonios y antecedentes
La JEP recogió testimonios de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes denunciaron torturas en el lugar, así como documentos judiciales y archivos sobre el funcionamiento del batallón. Cabe recordar que ya existían medidas cautelares desde 2024 asociadas a la búsqueda de Pedro Julio Movilla, desaparecido en 1993.
El pasado 22 de abril, la JEP también declaró lugares como la Casa del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur en Bogotá como sitios de dignificación y educación sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.
