Exfuncionaria chavista detenida denuncia autoritarismo creciente en Venezuela
Martha Grajales, activista colombiana nacionalizada venezolana y exfuncionaria del chavismo, fue detenida violentamente el 8 de agosto de 2025 por agentes policiales en Caracas. La fundadora del colectivo de izquierda Surgentes describe cómo pasó de creer en la revolución bolivariana a convertirse en una crítica frontal del autoritarismo, la persecución política y los grupos armados colectivos que operan en Venezuela.
De la militancia a la persecución
Grajales llegó a Venezuela hace más de 20 años y se enamoró del proyecto político chavista, especialmente de su agenda social centrada en sectores históricamente excluidos. Fue coordinadora del módulo de derechos humanos en la Universidad Nacional de la Seguridad y diseñó el plan de formación de la Policía Nacional Bolivariana entre 2009 y 2011. Sin embargo, tras la muerte de Hugo Chávez, comenzó a observar un desmontaje progresivo del respeto a los derechos humanos dentro del Estado.
"Cuando se muere Chávez, ese proceso empieza a desmontarse, es la verdad", afirma Grajales en entrevista exclusiva. Su ruptura definitiva con el proceso político ocurrió el 17 de septiembre de 2018, cuando el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela) asesinó al hijo de una compañera en San Agustín del Sur, una de las parroquias con tasas de homicidio más altas de Caracas.
Denuncias que provocaron represalias
Tras documentar 18 ejecuciones en solo seis meses en San Agustín, Grajales y su colectivo publicaron en 2019 el informe "Violencia Policial: Clasista y Racista" y lanzaron la campaña "No más ejecuciones en el barrio, no en el nombre de Chávez". La respuesta del gobierno fue acusarlos de ser agentes infiltrados de la CIA o paramilitares.
"Lo que descubrimos fue una masacre sistemática contra los muchachos pobres", explica Grajales, quien califica estas prácticas como limpieza social dirigida contra jóvenes menores de 25 años en situación de pobreza.
Detención violenta y proceso judicial irregular
La situación se agravó cuando Grajales comenzó a acompañar a las madres de más de 150 adolescentes detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro no reconoció su derrota y encarceló a más de 2.500 personas. Durante una vigilia en agosto de 2025, recibió amenazas directas: "Yo te conozco de San Agustín, deja de estarte metiendo en 'peos' o te va a ir muy mal".
Su detención ocurrió el 8 de agosto de 2025 cuando salía de un acto en solidaridad con las madres frente a Naciones Unidas en Caracas. Tres mujeres policías vestidas de civil intentaron detenerla, requiriendo la intervención de una cuarta funcionaria para finalmente meterla en el vehículo. Grajales forcejeó, dio una patada a la puerta del carro y perdió una sandalia durante la resistencia.
Proceso judicial "mamarrachada" y campaña de desprestigio
En una audiencia telemática realizada a través del celular de una funcionaria, le imputaron diez delitos incluyendo conspiración con gobiernos extranjeros, asociación para delinquir e instigación al odio. La evidencia presentada incluía el teléfono que le habían robado tres días antes en el Tribunal Supremo de Justicia, demostrando según Grajales la complicidad entre grupos parapoliciales y la brigada que la detuvo.
Tras su detención, el aparato de propaganda del Estado lanzó la "Operación Grajales", una ofensiva bien orquestada que utilizó inteligencia artificial para desfigurar su rostro en videos donde la acusaban de ser operadora de María Corina Machado y de haber recibido 250.000 dólares para dividir al chavismo desde las bases.
Análisis de la situación actual y perspectivas
Grajales califica al gobierno venezolano actual como "cada vez más autoritario neoliberal", implementando políticas profundamente neoliberales bajo un discurso de izquierda. Considera que tras los eventos de 2024, se ha consolidado un proceso de tutelaje sobre el país donde se perdió la soberanía popular y ahora se está perdiendo la soberanía nacional.
"Es una situación profundamente dolorosa y paradójica", reflexiona. "Por un lado, siento una tristeza inmensa al ver cómo se ha consolidado un proceso de tutelaje sobre el país. Pero lo más paradójico es que, en medio de este escenario tan oscuro y arbitrario, se ha abierto una pequeña rendija democrática".
Esta "fisura" ha permitido que familias antes paralizadas por el miedo hoy tengan la fuerza para denunciar la represión, proporcionando según Grajales una claridad estremecedora sobre la verdadera magnitud de la violencia de Estado en Venezuela.
Riesgos comparados entre Venezuela y Colombia
A pesar de las constantes amenazas e intimidaciones, Grajales prefiere seguir trabajando en Venezuela porque "los riesgos en Colombia son muchísimo más altos" para un defensor de derechos humanos. Como exdefensora en zonas de conflicto colombiano, afirma que en Venezuela los riesgos "me parecían unos riesgos que puedo manejar", mientras que en Colombia actividades similares "pueden significar la vida".
La activista, quien se identifica como mujer de izquierda y milita en el Pacto Histórico en Colombia, espera que en las próximas elecciones colombianas gane Iván Cepeda, a quien considera un demócrata proveniente del movimiento de derechos humanos.
Futuro incierto y llamado a la acción
Grajales concluye con un llamado a "renacionalizar el conflicto" en Venezuela, pasar por elecciones transparentes, institucionalizar el país y permitir que los venezolanos definan su propio destino. Advierte que si no se concreta esta expectativa positiva, podría aumentar la conformidad y regresar la represión con mayor fuerza.
"Tenemos que renacionalizar el conflicto, pasar por unas elecciones, institucionalizar al país y que los venezolanos definamos lo que pase en nuestro país", afirma con determinación la exfuncionaria chavista que hoy denuncia desde dentro la deriva autoritaria del régimen que alguna vez defendió.
