Ex primer ministro de Malí condenado a dos años de prisión por solidarizarse con críticos de la junta militar
Ex primer ministro de Malí condenado por apoyar a críticos del gobierno militar

Ex primer ministro de Malí enfrenta dos años de prisión tras ratificación de sentencia judicial

El Tribunal de Apelación de Bamako confirmó este lunes la condena de dos años de prisión contra Moussa Mara, quien ejerció como primer ministro de Malí entre 2014 y 2015. Esta resolución judicial pone fin a las instancias legales abiertas por su equipo de defensa, que había presentado recursos contra el fallo inicial según información del portal de noticias Maliweb.

Detalles de la sentencia ratificada

La sentencia definitiva no solo incluye la pena privativa de la libertad para el ex mandatario, sino que también establece el pago de una multa de 500.000 francos centroafricanos. Además, el tribunal impuso a Mara el desembolso simbólico de un franco como indemnización al Estado maliense. Su excarcelación está programada para el 31 de julio de 2026, marcando el final de un proceso judicial que comenzó en agosto de 2025.

Origen del caso y acusaciones

Moussa Mara fue arrestado el 1 de agosto de 2025 tras publicar un mensaje en su cuenta de la red social X donde expresaba su "solidaridad inamovible con los prisioneros de conciencia". Esta declaración se produjo después de que el ex primer ministro visitara a activistas y políticos detenidos por las fuerzas de seguridad del país.

Las autoridades judiciales basaron las acusaciones en los cargos de "socavar la reputación del Estado" y "obstrucción a la autoridad", argumentando que sus manifestaciones públicas de apoyo a figuras críticas del gobierno militar constituían delitos perseguibles. La defensa de Mara alegó durante el proceso la ausencia de fundamentos sólidos para su detención y condena.

Reacción internacional y denuncias de organizaciones

Amnistía Internacional ha solicitado la liberación inmediata de Moussa Mara, calificando las acusaciones como motivadas políticamente y representando una vulneración grave de derechos fundamentales. En un comunicado oficial, la organización sostuvo que los cargos eran "falsos" y constituían "un atentado contra la justicia".

Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, declaró: "El caso de Moussa Mara es emblemático de los constantes ataques de las autoridades a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como de su persistente desprecio por el Estado de derecho y las obligaciones en materia de Derechos Humanos en virtud de la Constitución de Malí".

Contexto político y preocupaciones sobre libertades fundamentales

El veredicto contra el ex primer ministro ha sido interpretado por diversas organizaciones como un ejemplo claro de la presión ejercida por la junta militar sobre la disidencia política en Malí. Colectivos de derechos humanos señalan que esta sentencia forma parte de una estrategia más amplia de persecución judicial contra ciudadanos y líderes que manifiestan posturas contrarias al poder militar.

Desde la detención de Mara, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre una tendencia restrictiva respecto a los derechos políticos y civiles en el país africano. El proceso judicial y su desenlace han generado profunda preocupación respecto al ejercicio de libertades fundamentales y la vigencia del Estado de derecho en el contexto político actual de Malí.

Movilización de organismos internacionales

La reacción a esta sentencia ha movilizado a múltiples organismos que instan al respeto de las garantías procesales y los derechos civiles de opositores y líderes políticos en Malí. Diversas organizaciones citadas por Maliweb han ampliado sus análisis sobre las implicaciones de este caso, señalando que ilustra un patrón de respuestas represivas ante la disidencia política.

El caso de Moussa Mara continúa generando atención internacional mientras se acerca la fecha de su excarcelación programada para julio de 2026, manteniendo el foco sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales en el país africano bajo el actual gobierno de facto.