Drones con megáfonos generan desplazamiento masivo en Norte de Santander
En la tarde del 13 de marzo, la Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Iris Marín Ortiz, presentó un balance detallado sobre la situación de derechos humanos en el municipio de El Tarra, ubicado en el departamento de Norte de Santander. Este informe surge tras las graves intimidaciones perpetradas por grupos armados contra las comunidades locales, las cuales han provocado el desplazamiento forzado de 161 familias en total.
La amenaza desde el aire
Según la información proporcionada por la comunidad y la Personería Municipal, el pasado 12 de marzo se reportaron sobrevuelos de drones en la zona. Desde estos dispositivos, mediante megáfonos instalados, presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, comandados por alias “Calarcá”, habrían emitido mensajes dirigidos a la población civil del corregimiento Filo Gringo. En dichos mensajes, se ordenaba el desalojo inmediato del lugar, generando pánico y confusión entre los habitantes.
Un mensaje “aclaratorio” que no mitiga el daño
Posteriormente, las mismas disidencias enviaron un mensaje denominado “aclaratorio”, en el cual, según la Defensoría, afirmaban que su interés no era provocar el desplazamiento de la población civil, sino enviar un ultimátum a miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Sin embargo, este intento de justificación no logró evitar la crisis humanitaria que ya se había desencadenado.
A raíz de estas amenazas, la entidad tuvo conocimiento del desplazamiento forzado de las 161 familias, provenientes de Filo Gringo y otras zonas aledañas al casco urbano de El Tarra. Actualmente, diez de estas familias están alojadas en un albergue dispuesto en el Club de los Cacaos, mientras que otras tres se encuentran en el asentamiento humano 3 de Abril. El resto de las familias afectadas ha buscado refugio en viviendas de familiares, conocidos y redes de apoyo comunitario.
Respuesta institucional y llamado a la acción
La Defensoría del Pueblo ha señalado que este desplazamiento constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, así como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Además, la entidad advirtió que se prevé la llegada de más personas provenientes de Filo Gringo en las próximas horas, lo que podría agravar la situación.
En respuesta a esta emergencia, la Defensoría instó a diversas entidades gubernamentales a activar mecanismos de protección inmediata. Entre ellas se encuentran:
- Los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud y Protección Social.
- La Unidad para las Víctimas (UARIV).
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Se hizo un llamado específico para activar los planes de contingencia, el Comité Extraordinario de Justicia Transicional y las rutas de prevención y protección. La activación de estas instancias se considera fundamental para garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las personas en riesgo, confinadas y desplazadas.
Monitoreo continuo y compromiso institucional
La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará con el monitoreo permanente de la situación en el territorio, enfocándose en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las comunidades afectadas. Este caso resalta la persistencia de las amenazas armadas en regiones como el Catatumbo y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte del Estado.
La situación en El Tarra refleja los desafíos que enfrentan las comunidades en zonas de conflicto, donde el uso de tecnología como drones para intimidar a la población civil añade una nueva dimensión a las violaciones de derechos humanos. La Defensoría reiteró su compromiso de documentar y denunciar estos hechos, mientras trabaja en la implementación de medidas que prevengan futuros desplazamientos y protejan a los más vulnerables.
