Defensoría del Pueblo condena amenazas de las AGC contra candidatos políticos en Norte de Santander
La Defensoría del Pueblo manifestó su categórico rechazo a las amenazas dirigidas contra candidatos del Pacto Histórico en el departamento de Norte de Santander. Según informó la entidad, los hechos ocurrieron durante el proceso electoral, específicamente el pasado 8 de marzo, cuando integrantes del partido político recibieron mensajes de texto intimidatorios en sus teléfonos móviles.
Contenido de las amenazas y denuncia presentada
Los mensajes, firmados con la sigla "AGC" en referencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, establecían un plazo de 48 horas para que los candidatos abandonaran el territorio. En caso de no cumplir, se advertía explícitamente que sus vidas correrían peligro. Ante esta grave situación, los afectados presentaron de inmediato una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, buscando una respuesta judicial contundente.
Acciones de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo en Norte de Santander tomó declaraciones detalladas a los candidatos amenazados, con el objetivo principal de realizar un seguimiento exhaustivo a las denuncias. Además, la entidad se comprometió a apoyar, si fuera necesario, la solicitud de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), para salvaguardar la integridad física de los líderes políticos y sus equipos de trabajo.
En un comunicado oficial, la Defensoría reiteró su preocupación profunda por estos actos de intimidación, recordando que el derecho a la participación política debe ejercerse en condiciones plenas de seguridad y libertad, sin coacciones ni temores. La institución enfatizó que cualquier forma de amenaza contra la actividad política constituye un ataque directo a la democracia y al Estado de derecho.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Asimismo, la Defensoría realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional y a todas las autoridades competentes, instándoles a atender con prioridad las denuncias presentadas. La entidad exigió la adopción de medidas necesarias para garantizar de manera efectiva la vida, la integridad personal y el ejercicio libre de los derechos fundamentales de los candidatos y sus colaboradores.
Este caso se enmarca en un contexto electoral sensible, donde la protección de los actores políticos se vuelve crucial para asegurar procesos democráticos transparentes y pacíficos. La Defensoría del Pueblo mantendrá una vigilancia estrecha sobre el desarrollo de las investigaciones y la implementación de las acciones de protección correspondientes.
