Un año después del asesinato de Sara Millerey: la lucha por justicia y memoria
Hace un año, el nombre de Sara Millerey González Borja resonó en los titulares de Colombia, marcando uno de los crímenes de odio más crueles y dolorosos contra una mujer trans. Con 32 años, activista y residente de Bello, Antioquia, Sara soñaba con ser recordada como una mujer hermosa, un deseo que su madre comparte. Sin embargo, su caso sigue sin una respuesta judicial de fondo, con el proceso aún en etapa de juicio.
Detalles del crimen y avances judiciales
Un mes después del asesinato, fueron capturados Juan Camilo Gaviria, alias “Teta”, y Juan David Echavarría, alias “Chucky”, imputados por homicidio agravado y tortura. Se estableció que pertenecían a un grupo delincuencial dedicado al tráfico de drogas en Antioquia, con posibles más implicados. La audiencia preparatoria se realizó recién en febrero de este año, mostrando lentitud en el proceso.
Desde el inicio, la representación de la víctima y entidades como la Defensoría del Pueblo insistieron en que se trataba de un feminicidio, dada la identidad de género de Sara y la sevicia del crimen. No obstante, los cargos no han cambiado, a pesar de que el caso llegó al Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación y Judicialización de Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Impacto social y revictimización
El asesinato de Sara no solo conmocionó al país, sino que también expuso la violencia institucional y la revictimización que enfrentan las personas trans. Las autoridades malgenerizaron a Sara, usando pronombres incorrectos, y el video de su agonía circuló masivamente en redes sociales, tratando el hecho como contenido espectacular.
Flora Rodríguez, antropóloga de la Universidad del Rosario, señala: “El asesinato de Sara fue algo que nos violentó. Fue una violencia ejemplarizante, en la que se quería demostrar no solo lo que le podía pasar a una persona trans, sino cómo se podía convertir en un objeto de espectáculo”. Esto refleja cómo la sociedad asume una disposición de espectadora frente a estas tragedias.
Barreras en el acceso a la justicia
Las dificultades para acceder a la justicia incluyen subregistros y malos registros de casos. Juli Salamanca y Sebastián León-Giraldo, investigadores de la Universidad de los Andes, destacan en una columna que, para muchas personas trans, la muerte viene con una segunda violencia: “la que ejerce el Estado cuando borra su identidad de género, su nombre y sus vínculos afectivos de los registros oficiales”. Por ejemplo, es común ver en documentos términos como “hombre vestido de mujer”, negando su identidad.
Panorama actual de violencia contra personas trans
Un año después, la violencia no ha cesado. El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo documentó al menos 35 asesinatos de personas trans desde la muerte de Sara, con más del 90% correspondiendo a mujeres trans. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explica: “el cuerpo de las personas trans se convierte en un lugar donde se inscribe una violencia que es, al mismo tiempo, física y simbólica”.
Casos recientes, como el de Daniela, una mujer trans de 30 años asesinada en Manizales, y Catia, de 24 años, atacada en Bogotá, muestran patrones similares. El uso de armas de fuego es común, aumentando la vulnerabilidad en contextos de desigualdad de poder. Rodríguez añade que estos crímenes se sostienen en estructuras patriarcales que consideran apropiables los cuerpos leídos como femeninos.
Violencia en espacios públicos y activismo
Muchos asesinatos ocurren en espacios públicos, especialmente donde las víctimas realizan actividades económicas de subsistencia, como el trabajo sexual. Castañeda señala que esto configura “un escenario de alta exposición y vulnerabilidad”. Además, hay intentos de silenciar a líderes activistas, como Constanza Sánchez y Danne Belmont, evidenciando una violencia sistemática.
Paula Spagnoletti, investigadora de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, indica que la exposición de cuerpos en público busca generar miedo y advertir a otras mujeres sobre las consecuencias de ser visibles. Rodríguez concluye: “envía un mensaje contundente: no vamos a permitir que estas personas vivan en igualdad de condiciones”.
Esperanza y cambios sociales
A pesar del panorama desolador, Rodríguez destaca que los activismos han posicionado el reconocimiento de derechos para personas trans. “También hay cambios en la sociedad que no creo que vayan a desaparecer rápido. La esperanza es lo que alimenta los movimientos sociales”, afirma, señalando avances frente a la adversidad y discriminación.
La muerte de Sara Millerey y otras víctimas trans deja al descubierto un patrón de violencia que va más allá de actos individuales, reforzando desigualdades sociales. Mientras el caso judicial avanza lentamente, la memoria de Sara y la lucha por justicia continúan, recordando la urgencia de abordar estas violencias con enfoque diferencial y respeto a la identidad de género.
