Corte Interamericana condena a Colombia por asesinato de profesor que denunció alianza Estado-paramilitares
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido una sentencia histórica que declara la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato del profesor, sindicalista y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata. Este reconocido activista de Segovia, Antioquia, fue asesinado en mayo de 2000 después de años de persecución por denunciar públicamente la colaboración entre paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado durante las masacres de 1988 y 1996 en la región.
Una sentencia que reconoce décadas de impunidad
El presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, notificó formalmente que Colombia ha sido declarada responsable por violaciones sistemáticas a los derechos de Jesús Ramiro Zapata. La sentencia detalla cómo el profesor fue víctima de acoso, hostigamiento y criminalización constante por su labor como defensor de derechos humanos antes de su trágico asesinato el 3 de mayo de 2000 en el municipio de Segovia.
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representó a la familia de Zapata, la víctima enfrentó amenazas directas de miembros de la Fuerza Pública que culminaron con su desplazamiento forzado a Medellín en 1997. Aunque regresó a Segovia por dificultades económicas, fue secuestrado por miembros de las Autodefensas y ejecutado en el lugar conocido como 'Charco de las Brujas'.
Persecución sistemática y fallas estatales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte IDH, documentó exhaustivamente la campaña de hostigamiento contra Zapata. En 1996, su vivienda fue allanada bajo el pretexto de buscar material explosivo, y fue detenido ilegalmente acusado de falsificación de documentos basándose únicamente en que su fotografía no coincidía con su apariencia real.
El Estado colombiano reconoció oficialmente sus fallas en febrero del año pasado cuando Yebrail Haddad, director de Defensa Jurídica Internacional, admitió que no se protegió adecuadamente la vida del profesor y que la investigación de su muerte careció de garantías procesales. Haddad reivindicó públicamente el nombre de Zapata, destacando que no era un peligro para la sociedad sino un servidor comunitario comprometido con la verdad.
Contexto de violencia paramilitar en Segovia
Jesús Ramiro Zapata dedicó su vida a alertar sobre las alianzas entre funcionarios públicos y grupos paramilitares durante las masacres de Segovia en 1988 y 1996, eventos que cobraron la vida de más de 50 personas. Su activismo lo convirtió en blanco de persecución política, llegando al extremo de que en 1996 una fiscal local ordenó su captura preventiva catalogándolo como 'peligroso para la sociedad'.
Incluso con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, personas armadas rondaron el colegio donde enseñaba días antes de su desplazamiento forzado. La Corte IDH determinó que el Estado conocía el riesgo real e inmediato que enfrentaba Zapata y no adoptó las medidas necesarias para protegerlo, violando así su deber de prevención.
Fallas investigativas y justicia tardía
La justicia internacional concluyó que nunca existió una línea de investigación clara para establecer el vínculo entre el asesinato de Zapata y su labor como defensor de derechos humanos. La impunidad se profundizó cuando uno de los testigos clave del caso fue asesinado después de documentar que el crimen había sido orquestado por paramilitares en asociación con miembros de la Fuerza Pública.
Esta sentencia de la Corte Interamericana no solo reivindica la memoria de Jesús Ramiro Zapata sino que expone nuevamente los horrores que Colombia permitió durante el conflicto armado. La voz que intentaron silenciar con violencia hoy resuena en el ámbito internacional, estableciendo un precedente crucial para la protección de defensores de derechos humanos en el país.
