El Salvador implementa polémicas reformas constitucionales con cadena perpetua para menores
El Gobierno de El Salvador anunció oficialmente que a partir del 26 de abril comenzarán a regir las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el presidente Nayib Bukele. Estas modificaciones incluyen una de las medidas más controvertidas: la imposición de cadena perpetua para menores de edad, específicamente a partir de los 12 años, cuando sean condenados por delitos graves.
Delitos que ameritan la pena máxima
Los congresistas salvadoreños definieron con precisión que esta sanción de prisión perpetua será aplicada exclusivamente a ciudadanos que sean hallados culpables definitivos en delitos de extrema gravedad. La lista incluye homicidio, feminicidio y violación, crímenes que según la legislación merecen la máxima pena incluso para adolescentes.
Estas reformas constitucionales han motivado cambios sustanciales en otras leyes del país centroamericano. Entre las normativas modificadas se encuentran:
- El código penal y procesos penales
- La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
- La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo
- La Ley Penal Juvenil
Transformación del sistema judicial juvenil
Dentro de las modificaciones más significativas está la reforma a la Ley Orgánica Judicial, que transforma radicalmente los juzgados de menores. Estas instancias ahora se convertirán en tribunales de lo criminal especializados en estudiar los casos donde se pretenda aplicar la cadena perpetua a adolescentes.
Las autoridades han establecido un sistema de revisión exhaustivo para cada caso donde se considere esta sanción penal máxima. Este mecanismo busca garantizar que la aplicación de la pena se realice con estricto apego a los nuevos parámetros legales.
Organismos internacionales expresan "profunda preocupación"
Organizaciones globales de derechos humanos han manifestado un rechazo contundente a estas reformas. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) declararon públicamente su "profunda preocupación" por la confirmación de la cadena perpetua para menores.
Estas agrupaciones argumentan que los adolescentes en conflicto con la ley tienen derecho fundamental a recibir un trato que priorice su rehabilitación y reintegración social. Según su perspectiva, la cárcel debe ser siempre el "último recurso" y aplicarse durante "el menor tiempo posible", principios que consideran violados con las nuevas medidas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha insistido a las autoridades salvadoreñas que revisen "con prontitud" los cambios constitucionales, señalando que generan más "preocupaciones que tranquilidades" para la comunidad internacional.
Contexto de estado de emergencia
El Salvador se encuentra desde 2022 en un estado de emergencia nacional, situación que permite la suspensión temporal de derechos constitucionales y ha otorgado licencia a las autoridades para realizar encarcelamientos masivos. Estas prácticas también han sido criticadas tanto por organizaciones locales de derechos humanos como por organismos internacionales.
Las cifras revelan la magnitud de esta política: más de 90.000 ciudadanos han sido encarcelados en los últimos cuatro años. El presidente Nayib Bukele ha señalado que aproximadamente un 10% de estas personas han sido liberadas, aunque las organizaciones de derechos humanos cuestionan las condiciones y transparencia de estos procesos.
Las reformas constitucionales que incluyen la cadena perpetua para menores representan la continuación de una política de seguridad que divide opiniones tanto dentro como fuera de El Salvador, generando debates intensos sobre el balance entre seguridad pública y protección de derechos fundamentales.
