Cuatro años de despenalización del aborto en Colombia: avances y desafíos persistentes
El 21 de febrero de 2022 marcó un hito histórico en Colombia cuando la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-055, despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión, ratificada posteriormente como derecho fundamental en la sentencia SU-297 de 2025, ubicó al país entre las naciones con legislación más progresista en materia de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, cuatro años después, múltiples barreras continúan limitando el acceso efectivo a este derecho, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado y la desigualdad social.
Impacto cuantitativo de la despenalización
Según datos del movimiento Causa Justa y La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, desde la implementación de la sentencia se han atendido 2.532 casos de mujeres buscando acceso autónomo, seguro y oportuno a la IVE. Contrario a predicciones alarmistas, solo el 4% de estos casos ocurren después de la semana 24, principalmente debido a dilaciones administrativas. La organización Oriéntame reporta que el 99% de las interrupciones se realizan antes de la semana 22, demostrando que las mujeres acuden tempranamente cuando tienen acceso garantizado.
Un dato crucial desmiente mitos sobre incrementos desproporcionados: las atenciones anuales en servicios de aborto se mantienen alrededor de 11.000 casos, cifra similar a periodos anteriores. Esto indica que la despenalización no generó una "ola" de solicitudes, sino que permitió que mujeres accedieran a procedimientos seguros dentro del sistema de salud.
Desigualdades territoriales en la implementación
El acceso a la IVE presenta marcadas diferencias regionales. En departamentos como Cauca, durante el primer año post-sentencia, hospitales registraron un aumento del 98,4% en procedimientos de IVE, según el Centro de Derechos Reproductivos. Este incremento refleja no mayor demanda, sino mejor acceso donde antes existían barreras casi insuperables.
"En ciudades con mayor conocimiento legal y cobertura sanitaria, la demanda se mantuvo estable. En cambio, en departamentos como Cauca, el fallo permitió consolidar condiciones para que el servicio se preste con garantías dentro del sistema de salud", explica Causa Justa. Esta disparidad evidencia cómo la sentencia funcionó como igualador en territorios históricamente desatendidos.
Barreras estructurales que persisten
Pese a los avances, múltiples obstáculos continúan restringiendo el acceso, particularmente en zonas de conflicto y con alta migración. El Centro de Derechos Reproductivos identifica problemas como:
- Objeción de conciencia institucionalizada por parte de personal médico
- Dificultades de movilidad en territorios controlados por actores armados
- Maternidades forzadas en niñas y adolescentes
- Desconocimiento e interpretación errónea de la normativa vigente
Las mujeres indígenas enfrentan barreras adicionales: 34 casos han requerido acompañamiento legal específico por desconocimiento de la autonomía reproductiva en comunidades ancestrales. Esta situación exige políticas con enfoque diferencial e interseccional que protejan derechos sin importar pertenencia étnica.
Desinformación: obstáculo persistente
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2019-2024 revela datos alarmantes: el 38,4% de las mujeres colombianas desconoce que la IVE es legal hasta la semana 24, mientras solo el 28,3% identifica correctamente todas las causales despenalizadas. Esta brecha informativa se amplía en regiones como La Guajira, Cesar y Magdalena, donde el 54,8% de las mujeres ignora la legalidad del aborto, la cifra más alta nacionalmente.
La Fundación Jacarandas, a través de su línea de atención, documenta que el 94% de las consultas sobre aborto provienen de mujeres en primer trimestre de embarazo, y el 91% corresponde a estratos 1, 2 y 3. Entre 2022 y 2025, acompañaron 234 acciones judiciales y administrativas por negativas de acceso, violencia obstétrica y fallas en confidencialidad.
Cuatro años después del histórico fallo, Colombia enfrenta el desafío de transformar un derecho reconocido en papel en una realidad accesible para todas las mujeres, niñas y personas gestantes, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad que continúan enfrentando las barreras más duras.
